Una decisi\u00f3n de dos juezas, Marina Alvarez y Laura Torres, de la Sala 1 de la C\u00e1mara de Apelaciones con sede en Santa Rosa, fren\u00f3 la sentencia en un caso por una indemnizaci\u00f3n laboral que espera una resoluci\u00f3n hace m\u00e1s de nueve meses. Ambas no quieren dictar el fallo, el Superior Tribunal de Justicia les orden\u00f3 que avanzaran y al pas\u00e1rselo nuevamente a un juez, las dos fueron denunciadas.<\/p>\n\n\n\n
El juez Claudio Soto, titular del Juzgado 2 de Primera Instancia en la Laboral, denunci\u00f3 ante el Ministerio P\u00fablico Fiscal a las camaristas Alvarez y Torres porque, dijo, lo quieren obligar a dar una sentencia en la cual se declar\u00f3 incompetente. Las dos camaristas adem\u00e1s se hab\u00edan \u201crebelado\u201d contra el STJ que hab\u00eda dictaminado que les correspond\u00eda a ellas dictaminar sobre una indemnizaci\u00f3n en un juicio laboral, pero ambas decidieron negarse y que pas\u00e1rsela nueva a Soto. Mientras tanto, el denunciante sigue esperando un fallo hace m\u00e1s de nueve meses.<\/p>\n\n\n\n
Soto present\u00f3 la denuncia ante el MPF, en el que consider\u00f3 que \u201cla insistencia de la Sala 1 de la C\u00e1mara de Apelaciones en hacerme dictar una resoluci\u00f3n que legalmente no me corresponde y que podr\u00eda hacerme incurrir en un delito tipificado en el art. 248, C\u00f3d. Penal; pues siendo funcionario p\u00fablico deber\u00eda dictar una resoluci\u00f3n que la ley no me habilita; o estar\u00eda ejecutando una orden dada por la C\u00e1mara de Apelaciones para dictar una resoluci\u00f3n para la cual la ley no me habilita pues no tengo competencia ni jurisdicci\u00f3n para ello\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas juezas de C\u00e1mara firmantes de aquellas resoluciones -agreg\u00f3- han impartido una orden contraria a las leyes, al delegar el cumplimiento de funciones que les son propias, por lo que entiendo habr\u00edan incurrido en la conducta tipificada por el art. 248 del C\u00f3d. Penal. En igual conducta incurrir\u00eda el suscripto si es que ejecuta la orden o resoluci\u00f3n impartida, por lo que me abstendr\u00e9 de realizar ello\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Todo comenz\u00f3 con una causa laboral por indemnizaci\u00f3n de Fernando Arias contra Nill SRL y otros, en la que el juez Soto hab\u00eda resuelto y fue apelada, por lo que el magistrado se declar\u00f3 incompetente por un conflicto negativo y esta lleg\u00f3 hasta la C\u00e1mara 2. Pero las camaristas Alvarez y Torres revocaron la decisi\u00f3n ya que afirmaron que la liquidaci\u00f3n final del juicio deb\u00eda ser resueltos por el juez Soto. El procurador general, Mario Bongianino, les dio la raz\u00f3n y afirm\u00f3 que deb\u00eda volver al juzgado. Soto, por supuesto se neg\u00f3 y la causa pas\u00f3 el STJ.<\/p>\n\n\n\n
Nuevamente el juez se excus\u00f3 y pas\u00f3 al STJ, que el 26 de diciembre de 2024 resolvi\u00f3 declarar la incompetencia de Soto y que las camaristas deb\u00edan expedirse y acatar la resoluci\u00f3n de los ministros.<\/p>\n\n\n\n
Nueve meses despu\u00e9s, las camaristas de la Sala 1 Alvarez y Torres dictaminaron el 28 de agosto pasado que no iban a acatar y pusieron en duda los fundamentos del STJ. De esta manera, las dos camaristas se rebelaron ante la decisi\u00f3n y dijeron que su fallo no estaba sujeto a \u201cla funci\u00f3n de superintendencia del STJ\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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