El subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno nacional, Alejandro Álvarez, relativizó el impacto de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria y afirmó que, aunque se movilicen “cien mil, un millón o cinco millones de personas”, la situación presupuestaria “sigue estando ahí”.
“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Además, sostuvo que la movilización realizada este martes en Plaza de Mayo “fue organizada por los partidos opositores”.
Álvarez también se refirió al debate por el financiamiento universitario y advirtió que una eventual ley debe indicar de dónde surgirán los recursos. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, afirmó.
Además, defendió la legitimidad de las decisiones del Gobierno nacional en materia presupuestaria. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, señaló.
En otro tramo de la entrevista, el subsecretario cuestionó el funcionamiento actual del sistema universitario y planteó que la prioridad debe ser la formación de graduados.
“El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, sostuvo el funcionario. También afirmó que existe una “desvirtuación completa” en el uso de los fondos universitarios porque, según dijo, una parte del presupuesto universitario se destina “al pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.
Ayer, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y quien ocupó anteriormente el cargo que ahora tiene Álvarez, Oscar Alpa, advirtió sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertó por la pérdida salarial, el congelamiento de becas, la paralización de obras y la fuga de docentes e investigadores. “El grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes”, afirmó. Dijo que perdieron un tercio del salario. Además, alertó que hay estudiantes que tienen que salir a trabajar para no abandonar y otros que no pueden seguir estudiando porque sus familias no pueden costearles los alquileres y alimentos.
“La situación es cada vez más complicada para todo el sistema universitario y, por supuesto, también para la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hablando de una ley que fue aprobada por el Congreso, ratificada con más de dos tercios después del veto presidencial y que debería estar aplicándose. Como eso no ocurrió, tuvimos que recurrir a la Justicia y ya existen fallos de primera y segunda instancia favorables a las universidades”, dijo Alpa.
“La cuarta marcha tiene justamente ese eje: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley. Las medidas cautelares estuvieron vinculadas, sobre todo, a salarios docentes y no docentes, y a becas, porque tienen carácter alimentario. Los salarios perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo y el financiamiento universitario está totalmente recortado. En La Pampa, por ejemplo, teníamos firmado el financiamiento para la obra del colegio preuniversitario (de Santa Rosa) y nunca llegaron los fondos. Entre 2023 y 2026, las transferencias reales a las universidades cayeron casi un 50%. Y como más del 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, el grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes. En nuestro caso, sobre trabajadores pampeanos”, resaltó.