El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, advirtió este martes, en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria contra las políticas del Gobierno nacional hacia el sistema público de educación superior, sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertó por la pérdida salarial, el congelamiento de becas, la paralización de obras y la fuga de docentes e investigadores. “El grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes”, afirmó. Dijo que perdieron un tercio del salario. Además, alertó que hay estudiantes que tienen que salir a trabajar para no abandonar y otros que no pueden seguir estudiando porque sus familias no pueden costearles los alquileres y alimentos.
-Es la cuarta marcha universitaria, pero no se observan cambios en la postura del Gobierno. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales en general y de la UNLPam en particular? -le consultó Diario Textual.
-La situación es cada vez más complicada para todo el sistema universitario y, por supuesto, también para la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hablando de una ley que fue aprobada por el Congreso, ratificada con más de dos tercios después del veto presidencial y que debería estar aplicándose. Como eso no ocurrió, tuvimos que recurrir a la Justicia y ya existen fallos de primera y segunda instancia favorables a las universidades.
La cuarta marcha tiene justamente ese eje: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley. Las medidas cautelares estuvieron vinculadas, sobre todo, a salarios docentes y no docentes, y a becas, porque tienen carácter alimentario. Los salarios perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo y el financiamiento universitario está totalmente recortado. En La Pampa, por ejemplo, teníamos firmado el financiamiento para la obra del colegio preuniversitario (de Santa Rosa) y nunca llegaron los fondos. Entre 2023 y 2026, las transferencias reales a las universidades cayeron casi un 50%. Y como más del 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, el grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes. En nuestro caso, sobre trabajadores pampeanos.
-¿Qué análisis hace de la decisión del Gobierno nacional de llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Naicón?
-Lo grave es que un Poder Ejecutivo vaya a la Corte Suprema porque no quiere cumplir una ley. Es algo inédito. Ya hubo dos fallos judiciales y, aun así, el Gobierno sigue dilatando los tiempos. Incluso los camaristas le permitieron recurrir a la Corte, pero ratificaron plenamente el fallo anterior. Hace más de 200 días que no se aplica una ley que el Congreso sancionó justamente porque no hubo presupuesto nacional para 2024 y 2025.
-El Gobierno nacional sostiene que existe una restricción presupuestaria. ¿Cree que el sistema universitario puede sostenerse así sin afectar la calidad educativa?
-No, de ninguna manera. Si esto continúa así, va a ser imposible sostener el sistema universitario. Ya estamos viendo renuncias en todas las universidades.
Aunque digan que nominalmente no bajaron los salarios, en términos reales sí ocurrió. Hoy un docente puede comprar la mitad de lo que compraba antes. Eso significa pérdida salarial.
Y esto no afecta solamente a los trabajadores universitarios: perjudica directamente a los estudiantes. Muchísimos jóvenes no podrían pagar una universidad privada de 400 mil o 500 mil pesos mensuales. Si se deteriora la universidad pública, el daño será enorme para el futuro del país, para las empresas y para el desarrollo científico y profesional.
-¿Existe preocupación por una fuga de investigadores y docentes hacia el sector privado o incluso al exterior?
-Sí, claramente. En muchos casos no se van a universidades privadas, sino directamente a ejercer sus profesiones fuera del sistema universitario. Y también hay investigadores que se están yendo del país.
Nosotros ya tuvimos casos de docentes investigadores que se fueron a Chile y Brasil, buscando continuidad y perspectivas de investigación que hoy acá no encuentran. Cuando un investigador siente que no tiene futuro, se va. Y eso es gravísimo para cualquier país. Además, hay una contradicción muy fuerte en algunos sectores políticos. Recordemos que hubo diputados pampeanos, incluso docentes universitarios, que votaron a favor de derogar esta ley de financiamiento.
-Se refiere a Adrián Ravier, principalmente, hoy legislador nacional y docente de la UNLPam. ¿Qué sensación genera eso dentro de la universidad?
-Genera una contradicción difícil de entender. No comprendemos cómo alguien puede ser docente universitario y al mismo tiempo votar en contra de una ley que simplemente busca recomponer salarios frente a la inflación.
No estamos hablando de ampliar estructuras ni de crear privilegios. Estamos hablando de recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
La ley no establece ningún impuesto específico para financiar a las universidades. Lo que plantea es que el Estado nacional reorganice partidas y garantice el funcionamiento del sistema universitario y la convocatoria a paritarias.
La pérdida salarial es tan grande que, para recuperar lo perdido, habría que recomponer más del 100%.
-¿La UNLPam tuvo que paralizar obras, además del colegio preuniversitario?
-Sí. Habíamos conseguido financiamiento internacional para distintas obras, entre ellas el nuevo edificio del colegio preuniversitario, obras en Veterinaria y la biblioteca en Pico. Se firmaron los convenios y comenzaron las licitaciones, pero cuando asumió el nuevo Gobierno esos contratos fueron dados de baja, incluso cuando ya había financiamiento internacional asegurado.Hoy las únicas obras que siguen son la primera etapa del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, la salida de emergencia del Aula Magna y la refacción del edificio del Palomar. El resto está totalmente paralizado.
-¿La falta de fondos ya impacta en actividades académicas y proyectos de investigación?
-Sí, aunque muchas actividades continúan gracias al enorme esfuerzo y compromiso de los docentes. Pero hoy estamos ocupados en ver cómo reemplazamos docentes que renuncian o cómo sostenemos las cátedras, cuando en realidad deberíamos estar pensando en desafíos estratégicos para el futuro de la universidad. Tenemos que discutir inteligencia artificial, innovación, investigación y desarrollo regional. Sin embargo, la urgencia económica nos obliga a pensar solamente en cómo sobrevivir.
-El Gobierno anunció una futura mesa de diálogo con los rectores. ¿Qué expectativas tienen?
-Sinceramente, pocas. Hasta ahora solo hubo anuncios mediáticos y no propuestas concretas. Incluso en estos días hubo polémica por los fondos para hospitales universitarios, que todavía no fueron distribuidos pese a estar aprobados por el Congreso. Esos recursos tendrían que haberse transferido hace meses. Hoy ya perdieron entre un 10 y un 15% de su valor real por efecto de la inflación.
-¿Qué implica para los estudiantes el congelamiento de las becas Progresar?
-El sistema de gratuidad universitaria no significa solamente que no se cobre matrícula. También implica que los estudiantes tengan condiciones materiales para poder estudiar. Para cursar hay que comer, alquilar, viajar y vivir. Y para eso existen las becas.Hoy las becas Progresar están en 35 mil pesos mensuales. Es imposible sostenerse con ese monto. Entonces muchos estudiantes tienen que salir a trabajar, extender sus carreras o directamente abandonar.
Después se cuestiona que los estudiantes no terminan sus estudios, pero sin un sistema de acompañamiento es lógico que ocurra…
-¿Ya perciben casos de abandono de estudiantes en la UNLPam por la crisis económica?
-Sí, aunque muchas veces no es un abandono definitivo. Lo que vemos es que muchos estudiantes dejan de cursar temporalmente porque necesitan trabajar. Hay medidas importantes, como la beca de transporte de la provincia, que ayudaron muchísimo para evitar que algunos estudiantes tengan que alquilar en Santa Rosa o General Pico. Pero igualmente vemos menos estudiantes sosteniendo las cursadas y rindiendo materias. Y eso es muy preocupante, porque detrás de todo esto hay una decisión política de ajuste sobre el sector público y sobre la educación pública. Es la motosierra. Son los topos que vienen a destruir al sector público, que vienen a destruir las necesidades públicas.
-Uno de los dirigentes que mencionaste es un diputado nacional pampeano.
-Sí. La verdad es que no entiendo cómo alguien puede involucrarse en política con la idea de destruir el Estado. Yo creo que la política debe servir para mejorar el Estado, hacerlo más eficiente y fortalecer la educación pública. Pero avanzar contra la universidad pública y contra el sistema educativo me parece profundamente contradictorio.
