Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron este martes 12 en todo el país, en lo que fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia, con un reclamo central: que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. En Santa Rosa y en General Pico, entre las 16 y las 19.30 horas, hubo clases públicas, intervenciones artísticas, radio abierta y movilización por las calles.
El acto central tuvo lugar en Plaza de Mayo. Los reclamos principales giraron en torno al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley -que refieren a la recomposición de salarios y becas-, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La actividad en todo el país fue organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. En La Pampa la jornada fue organizada por la multisectorial universitaria pampeana, integrada por los equipos de gestión de la UNLPam, los gremios docentes y nodocentes, las agrupaciones estudiantiles del claustro estudiantil, y organizaciones afines del campo educativo provincial.
La movilización llegó en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy fue la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 -el valor de diciembre de 2023- y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Cronograma de actividades en La Pampa
En Santa Rosa, hubo desde las 16 horas la clase pública “Devaluación de las Becas”, a cargo del profesor Pablo Prato (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) junto a las agrupaciones estudiantiles CEPA, Franja Morada, Unidad Estudiantil y Miles (General Pico).
En tanto, a las 17, se desarrolló una Radio Abierta y presentación del Ensamble de Voces de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya a las 18.30, comenzó la marcha.
En General Pico, por su parte, se desarrolló en la tarde la instalación artística “La Educación en Terapia Intensiva” y pintada de carteles. A las 18.30 se inició la marcha.
En el Colegio de la UNLPam, por la mañana, estudiantes y docentes se reunieron para preparar carteles y pancartas en un “Pancartazo”. El detalle de horarios y lugar se confirma con la organización del Colegio.
Docentes en lucha
Santiago Audisio, de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), destacó la unión de la comunidad universitaria. “Que la marcha se realice simultáneamente en Santa Rosa y en General Pico, con actividades previas en pueblos del interior, expresa una característica que ADU-UNLPam viene sosteniendo en este conflicto: la defensa de la universidad pública en La Pampa es indisociable del federalismo educativo”, dijo.
“La UNLPam no es solo un edificio en Santa Rosa: es un sistema territorial que llega a Pico, a Realicó, a Toay, a las localidades del interior provincial. Por eso, en cada una de las dos ciudades sede de comicios y de movilización, la comunidad universitaria pampeana se hace visible en sus propias calles”.
Números
Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, con lo que se alcanzó el nivel más bajo desde 2006. Y el presupuesto vigente para este año profundiza esta tendencia. Los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), implicaban un aumento real de 0,8%, asumiendo las proyecciones macroeconómicas del presupuesto 2026. Ya no se cumplieron, por lo que el ajuste será mayor.
En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. Asimismo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes.
Luego de un proceso de insistencia legislativa frente al veto presidencial en octubre de 2025, la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente promulgada. Sin embargo, su aplicación efectiva permanece suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, alegando falta de previsión de recursos. Esta situación ha llevado el conflicto al ámbito judicial, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consiguió una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, cuya ejecución está suspendida.
Existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la medida, que oscilan entre los $2.5 y los $3.6 billones. El Poder Ejecutivo -además de los argumentos jurídicos- manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas. Pero cuando hay derechos fundamentales en juego -como en este caso, el derecho a la educación-, el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la “restricción presupuestaria” si esa situación de escasez fue creada -en parte- por su propia voluntad anterior e inmediata.
Convocatoria de Nación
El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades a una mesa de diálogo luego de la movilización universitaria de este martes y adelantó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con especial atención en los hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que, después de la movilización de este martes, serán convocados todos los rectores de universidades con hospitales para discutir una nueva distribución de fondos.
La palabra del rector
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, advirtió este martes sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertó por la pérdida salarial, el congelamiento de becas, la paralización de obras y la fuga de docentes e investigadores. “El grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes”, afirmó. Dijo que perdieron un tercio del salario. Además, alertó que hay estudiantes que tienen que salir a trabajar para no abandonar y otros que no pueden seguir estudiando porque sus familias no pueden costearles los alquileres y alimentos.
-Es la cuarta marcha universitaria, pero no se observan cambios en la postura del Gobierno. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales en general y de la UNLPam en particular? -le consultó Diario Textual.
-La situación es cada vez más complicada para todo el sistema universitario y, por supuesto, también para la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hablando de una ley que fue aprobada por el Congreso, ratificada con más de dos tercios después del veto presidencial y que debería estar aplicándose. Como eso no ocurrió, tuvimos que recurrir a la Justicia y ya existen fallos de primera y segunda instancia favorables a las universidades.
La cuarta marcha tiene justamente ese eje: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley. Las medidas cautelares estuvieron vinculadas, sobre todo, a salarios docentes y no docentes, y a becas, porque tienen carácter alimentario.
Los salarios perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo y el financiamiento universitario está totalmente recortado. En La Pampa, por ejemplo, teníamos firmado el financiamiento para la obra del colegio preuniversitario (de Santa Rosa) y nunca llegaron los fondos. Entre 2023 y 2026, las transferencias reales a las universidades cayeron casi un 50%. Y como más del 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, el grueso del ajuste recayó sobre docentes y no docentes. En nuestro caso, sobre trabajadores pampeanos.
-¿Qué análisis hace de la decisión del Gobierno nacional de llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Naicón?
-Lo grave es que un Poder Ejecutivo vaya a la Corte Suprema porque no quiere cumplir una ley. Es algo inédito. Ya hubo dos fallos judiciales y, aun así, el Gobierno sigue dilatando los tiempos.
Incluso los camaristas le permitieron recurrir a la Corte, pero ratificaron plenamente el fallo anterior. Hace más de 200 días que no se aplica una ley que el Congreso sancionó justamente porque no hubo presupuesto nacional para 2024 y 2025.
-El Gobierno nacional sostiene que existe una restricción presupuestaria. ¿Cree que el sistema universitario puede sostenerse así sin afectar la calidad educativa?
-No, de ninguna manera. Si esto continúa así, va a ser imposible sostener el sistema universitario. Ya estamos viendo renuncias en todas las universidades.
Aunque digan que nominalmente no bajaron los salarios, en términos reales sí ocurrió. Hoy un docente puede comprar la mitad de lo que compraba antes. Eso significa pérdida salarial.
Y esto no afecta solamente a los trabajadores universitarios: perjudica directamente a los estudiantes. Muchísimos jóvenes no podrían pagar una universidad privada de 400 mil o 500 mil pesos mensuales. Si se deteriora la universidad pública, el daño será enorme para el futuro del país, para las empresas y para el desarrollo científico y profesional.
-¿Existe preocupación por una fuga de investigadores y docentes hacia el sector privado o incluso al exterior?
-Sí, claramente. En muchos casos no se van a universidades privadas, sino directamente a ejercer sus profesiones fuera del sistema universitario. Y también hay investigadores que se están yendo del país.
Nosotros ya tuvimos casos de docentes investigadores que se fueron a Chile y Brasil, buscando continuidad y perspectivas de investigación que hoy acá no encuentran. Cuando un investigador siente que no tiene futuro, se va. Y eso es gravísimo para cualquier país. Además, hay una contradicción muy fuerte en algunos sectores políticos. Recordemos que hubo diputados pampeanos, incluso docentes universitarios, que votaron a favor de derogar esta ley de financiamiento.
-Se refiere a Adrián Ravier, principalmente, hoy legislador nacional y docente de la UNLPam. ¿Qué sensación genera eso dentro de la universidad?
-Genera una contradicción difícil de entender. No comprendemos cómo alguien puede ser docente universitario y al mismo tiempo votar en contra de una ley que simplemente busca recomponer salarios frente a la inflación.
No estamos hablando de ampliar estructuras ni de crear privilegios. Estamos hablando de recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
La ley no establece ningún impuesto específico para financiar a las universidades. Lo que plantea es que el Estado nacional reorganice partidas y garantice el funcionamiento del sistema universitario y la convocatoria a paritarias.
La pérdida salarial es tan grande que, para recuperar lo perdido, habría que recomponer más del 100%.
-¿La UNLPam tuvo que paralizar obras, además del colegio preuniversitario?
-Sí. Habíamos conseguido financiamiento internacional para distintas obras, entre ellas el nuevo edificio del colegio preuniversitario, obras en Veterinaria y la biblioteca en Pico. Se firmaron los convenios y comenzaron las licitaciones, pero cuando asumió el nuevo Gobierno esos contratos fueron dados de baja, incluso cuando ya había financiamiento internacional asegurado.Hoy las únicas obras que siguen son la primera etapa del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, la salida de emergencia del Aula Magna y la refacción del edificio del Palomar. El resto está totalmente paralizado.
-¿La falta de fondos ya impacta en actividades académicas y proyectos de investigación?
-Sí, aunque muchas actividades continúan gracias al enorme esfuerzo y compromiso de los docentes. Pero hoy estamos ocupados en ver cómo reemplazamos docentes que renuncian o cómo sostenemos las cátedras, cuando en realidad deberíamos estar pensando en desafíos estratégicos para el futuro de la universidad. Tenemos que discutir inteligencia artificial, innovación, investigación y desarrollo regional. Sin embargo, la urgencia económica nos obliga a pensar solamente en cómo sobrevivir.