La diputada provincial Noelia Sosa (peronismo, del sector de Carlos Verna) quedó en absoluta soledad política e institucional en su amenaza por denunciar penalmente al gobernador Sergio Ziliotto y a sus ministros por el frustrado pliego licitatorio de El Medanito. “Se cortó sola”, dijeron desde la Legislatura, sobre la advertencia de que iría a la Justicia. Por lo pronto, ya se debe avanzar con la elaboración de otro pliego licitatorio.
Sosa deslizó públicamente la posibilidad de acudir a la Justicia por el supuesto delito de abuso de autoridad. Sin mencionarlos de manera directa, sus cuestionamientos parecieron dirigirse al secretario de Energía, Matías Toso, e incluso al gobernador Sergio Ziliotto y a todo el gabinete.
Los diputados Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo, dirigentes alineados con el vernismo, evitaron pronunciarse cuando fueron consultados por Diario Textual. El silencio de estos dos legisladores de peso del vernismo hizo sospechar del aval de Verna a esta movida, pero luego, desde los pasillos de la Legislatura, lo desmintieron. “Son cosas de Noelia…”, deslizaron. Tampoco encontró eco en la UCR y el Pro, sectores también apuntados por Sosa en su “cruzada” por El Medanito.
El trasfondo de la polémica es la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que decidió archivar la denuncia presentada por Sosa en diciembre pasado. El organismo concluyó que “no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional (NdeR: a cargo de elaborar el pliego de licitación) hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo” en su trabajo.
La FIA sostuvo además que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por “un órgano colegiado legalmente constituido” y consideró que el sistema de medición previsto en el pliego “se ajusta a las prácticas habituales” de la industria hidrocarburífera.
Sosa, alineada políticamente con el exgobernador Carlos Verna, había denunciado una presunta manipulación de datos vinculados al software Sahara, utilizado para proyectar curvas de producción. También cuestionó que no se incorporaran caudalímetros multifásicos para medir la extracción pozo por pozo.
La resolución de la FIA, por lo pronto, incorporó un informe técnico elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Los expertos concluyeron que el software Sahara “no es apto para medición fiscal de hidrocarburos”, aunque aclararon que sí se utiliza para modelado y diagnóstico de reservas.
De todos modos, remarcaron que el mecanismo previsto en el pliego resultaba habitual en la industria si era complementado con mediciones fiscales reales y auditorías. Además, consideraron que la alternativa impulsada por Sosa -la medición permanente mediante caudalímetros multifásicos– era “factible”, aunque “no viable económicamente y técnicamente” para un yacimiento de la magnitud de El Medanito.
La fiscalía recordó además que la licitación fue declarada desierta mediante el decreto 114/26, luego de que el 9 de febrero de 2026 no se presentaran ofertas. En consecuencia, entendió que nunca existió adjudicación ni entrada en vigencia del pliego cuestionado y que, por lo tanto, no llegó a producirse el perjuicio denunciado.
Pese al archivo de la presentación, Sosa insistió con sus cuestionamientos y aseguró que el dictamen pericial “da total fundamento” a sus planteos. Incluso confirmó que analiza acudir ahora al fuero penal. “Nos encontramos analizando la posibilidad de acudir a la Justicia Penal”, afirmó la legisladora en un comunicado, donde hizo referencia al artículo 248 del Código Penal, vinculado al delito de abuso de autoridad.
Sosa, sin nombrarlo, pareció amenazar al propio Ziliotto, quien firmó el decreto de llamado a licitación. Pero también a todos los ministros que pusieron la firma en el decreto. “Ante la contundencia del dictamen pericial que da total fundamento a los motivos de la denuncia, y atendiendo a que administrativamente la cuestión se encuentra zanjada, nos encontramos analizando la posibilidad de acudir a la Justicia Penal, en tanto el artículo 248 del Código Penal que tipifica el ‘Abuso de Autoridad’, reprime la conducta de los funcionarios públicos que a sabiendas dictaren resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutaren las órdenes o resoluciones de esa clase existente o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumbe (…), en tanto, el dictado del Decreto N° 2628/25 P.E.P. que contenía la ilegalidad denunciada impone la obligación normativa de comprobar la posible ilegalidad de lo actuado, como así también sancionar la conducta de sus pergeñadores y perpetradores, pues -de contener los vicios señalados- su solo dictado ha configurado una grave irregularidad”, escribió en un comunicado el fin de semana.