La diputada provincial Noelia Sosa (peronismo) avisó que analiza presentar una denuncia penal por el presunto delito de “abuso de autoridad” contra funcionarios y legisladores oficialistas y opositores que elaboraron el pliego de la licitación que fracasó en el verano para concesionar el área hidrocarburífera El Medanito. Ayer, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivó la denuncia que había hecho Sosa en diciembre pasado: concluyó que “no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo”, señaló que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por “un órgano colegiado legalmente constituido” y que el software que se pedía para medir los caudales se “ajusta a las prácticas habituales” de la industria.
Entre otros puntos, la legisladora que responde a Carlos Verna denunció una presunta manipulación de datos del software Sahara, utilizado para proyectar curvas de producción, y reclamó que se utilizaran caudalímetros multifásicos para medir la producción pozo por pozo.
En la resolución, la FIA incorporó un informe técnico elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, quienes concluyeron que el software Sahara “no es apto para medición fiscal de hidrocarburos”, sino que se utiliza para modelado y diagnóstico de reservas. Sin embargo, aclararon que el método previsto en el pliego se ajustaba a prácticas habituales de la industria siempre que fuera complementado con mediciones fiscales reales y auditorías.
Además, los expertos consideraron que el sistema alternativo propuesto por Sosa -medición permanente pozo por pozo mediante caudalímetros multifásicos- era “factible”, aunque “no viable económicamente y técnicamente” para un yacimiento de la magnitud de El Medanito.
La Fiscalía también recordó que la licitación fue declarada desierta mediante el decreto 114/26, luego de que el 9 de febrero de 2026 no se presentaran ofertas. Por esa razón, entendió que nunca existió adjudicación ni entrada en vigencia del pliego cuestionado y que, en consecuencia, tampoco pudo concretarse el perjuicio denunciado.
La reacción de Sosa
Pese al archivo de la denuncia, Sosa sostuvo que el dictamen pericial “da total fundamento” a sus planteos y aseguró que evalúa avanzar ahora en el fuero penal.
El anuncio lo hizo la misma Sosa, en un comunicado de prensa. El dato, no menor, es que la FIA consideró que no hubo delito. Incluso si hubiera tenido sospecha, debería haber realizado una demanda penal.
“Nos encontramos analizando la posibilidad de acudir a la Justicia Penal”, afirmó la legisladora en un comunicado, donde mencionó el artículo 248 del Código Penal, referido al delito de abuso de autoridad.
Según sostuvo, el informe técnico confirmó que “el método de medición de hidrocarburos que se pretendía utilizar en el contrato más importante en tiempo y monto para todos los pampeanos no es un método de medición”.
También remarcó que el perito advirtió que los datos utilizados por el software debían estar “certificados” y “documentados” y afirmó que “los usados en el pliego no estaban certificados como la normativa establece”.
Sosa cuestionó además que la FIA archivara la denuncia por considerar abstracta la discusión tras el fracaso de la licitación. “Sin analizar las gravísimas irregularidades que se comprobaron en el pliego licitatorio por parte del perito actuante, el señor fiscal general concluyó que las denuncias devienen abstractas”, expresó.
Recomendaciones de la FIA
En paralelo al archivo de la causa, la FIA emitió recomendaciones para el futuro proceso licitatorio de El Medanito.
Entre otras medidas, pidió incorporar especialistas con experiencia técnica acreditada en la elaboración del nuevo pliego y en la futura comisión evaluadora de ofertas, evitar la inclusión de marcas o software específicos y habilitar instancias de participación ciudadana y audiencias públicas.
La fiscalía advirtió que la futura concesión involucra recursos naturales estratégicos, impactos ambientales de largo plazo e ingresos fiscales clave para la provincia durante un período de 25 años, por lo que reclamó mayores estándares de transparencia y control social.
Sosa también se refirió a esas recomendaciones y afirmó que reflejan “la incompetencia de la Secretaría de Energía” para elaborar un pliego de estas características.