Los jefes de bloques del Senado acordaron este miércoles sesionar el próximo jueves 16 de julio, a las 12, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como tema principal. Desde su dictamen hasta la fecha, esa iniciativa sufrió numerosas modificaciones, que serán puestas a discusión el recinto.
En la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron el temario, que incluirá además una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales; y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de Julio de cada año.
De la reunión participaron, además de Villarruel y el presidente provisional, Bartolomé Abdala, los presidentes de bloques Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana di Tullio y Fernando Salino.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, rechazada por el kirchnerismo, se dictaminó en comisiones el pasado 20 de mayo. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, despachos hacia adentro, los aliados del oficialismo propusieron numerosos cambios. En total, hubo 14 versiones del texto, según supo este medio.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece profundos cambios respecto a expropiaciones (Ley 21.499), desalojos (Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial de la Nación), compra de tierra rurales por parte de extranjeros (Ley 26.737) y la última versión de la Ley de Manejo del Fuego.
Los requerimientos de los aliados fueron preservar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo administración federal, ceder la gestión a las provincias para la venta de tierra y quitar el protocolo de desalojo exprés libertario.
Según Ámbito Financiero, las reformas sobre el dictamen alcanzan el interés que corresponde al pago de indemnizaciones por expropiaciones; la disponibilidad irrestricta a los ciudadanos extranjeros por la adquisición de tierras; en el caso de venta de terrenos a empresas foráneas, regirá el “silencio administrativo” por 180 días (de no negarse a la venta, se da por hecho que se acepta); y se establece una autorización nacional y provincial para habilitar una operación de este tipo pero en zonas de seguridad fronterizas.
El peronismo es el más nítido opositor el proyecto y, pese a que su representación está fragmentada en más de un bloque, existe un rechazo que expresaron al unísono con dictámenes alternativos y organización de encuentros en el recinto para llevar a distintos sectores que se oponen a la redacción: científicos, militares y autoridades de la Iglesia Católica.
Sin embargo, la intervención en la redacción de bloques aliados (PRO y UCR) anticipan una votación a priori favorable para el oficialismo.
Qué dice el proyecto de ley
El proyecto denominado por el Ejecutivo como ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” tiene entre sus reformas:
Expropiaciones
En caso de expropiación, establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”.
Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente”.
Fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días.
Desalojos
Se amplía la posibilidad de desalojo para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado. El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil”.
Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.
Ley de Tierras
“Salvo que medie una solicitud expresa de la provincia”, se prohíben la adquisición de tierras rurales para Estados extranjeros y sus organismos vinculados.
Se deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que protege “bienes ubicados en la zona de seguridad” para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
Se eliminan los artículos 8 y 10 de la ley N° 26.737, que establece en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional y dispone que las “tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo”.
Ley de Manejo del Fuego
Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.
Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie.
Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.