El senador nacional Daniel Bensusán (peronismo, La Pampa) alertó sobre los perjuicios económicos que podría producir una eventual modificación de la Ley de Tierras, principalmente para el sector agropecuario argentino. “El proyecto de (Javier) Milei deja en libertad la adquisición de tierras argentinas por parte de empresas de otros países. ¿Alguien cree que el ganado o las cosechas de empresas extranjeras que se produzcan en Argentina van a ingresar a sus países con las mismas condiciones impositivas o arancelarias que las de los productores argentinos?”, cuestionó el legislador nacional.
“Nadie puede hacerse el distraído. Nuestros productores e industrias se asoman a un abismo con esta política de entrega de soberanía y de recursos naturales”, resaltó.
En la actualidad, la Ley de Tierras establece un límite porcentual a la tenencia de tierras rurales: los inversores extranjeros no pueden poseer más del 15 % de la titularidad de dominio de tierras en territorio nacional, provincial o municipal. También dispone que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o una superficie equivalente, según la ubicación territorial.
Además, el Gobierno nacional y sus aliados pretenden eliminar la protección de las tierras con cuerpos de agua y de las zonas de seguridad de frontera.
Hoy existe una legislación vigente para proteger el territorio, la soberanía y, especialmente, los recursos naturales.
El Gobierno nacional busca eliminar los porcentajes y topes de superficie. Además, cambia la definición de sujeto extranjero, limitándola solamente a los Estados y legalizando el “control de hecho” por parte de grandes capitales privados, fondos de inversión y corporaciones internacionales, es decir, los actores que lideran la extranjerización real.
“Defender la soberanía es pensar en nuestra economía, en nuestros productores, en los trabajadores y en las familias que verán peligrar su sustento. Debemos privilegiar a nuestra producción nacional y engrandecerla, en vez de aceptar que desaparezca”, agregó.
El senador reiteró su advertencia sobre lo que representan, en conjunto, las modificaciones a la Ley de Tierras y los cambios en la Ley de Glaciares. “Si el propio Estado nacional no puede hacer cumplir que Mendoza envíe agua a La Pampa, según el caudal establecido por la Justicia, menos aún podrá garantizar que a nuestra provincia siga llegando agua del río Colorado si una empresa extranjera compra glaciares mendocinos”, dijo.