En medio de amenazas e intentos de amedrentamiento de la Casa Rosada, docentes de todo el país, entre ellos los de La Pampa, llevan adelante este lunes 3 un paro en reclamo de incrementos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo. Una medida cautelar de la Justicia laboral mantiene suspendida la aplicación de la ley que declara a la educación como servicio esencial, por lo que los docentes que realizan el paro nacional no están obligados a garantizar el 75 % de funcionamiento que reclama el Gobierno nacional. Además, Nación carece de legitimidad para realizar controles en las escuelas pampeanas, ya que la administración y supervisión del sistema educativo es una competencia exclusiva de la administración provincial.
La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). En nuestra provincia, adhirió la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa). Esto significa que muchas escuelas públicas podrían no dictar clases o hacerlo de manera parcial, dependiendo del nivel de adhesión de los docentes.
La medida de fuerza dispuesta por Ctera responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del salario mínimo docente en 500.000 pesos durante el último año. Entre sus exigencias centrales, la entidad sindical reclamó la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo. A su vez, los trabajadores expresaron su rechazo a una eventual reforma previsional y al proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, además de reclamar mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75 % de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802. Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió que activará los mecanismos previstos para aplicar las sanciones correspondientes. “En el caso de verificarse el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el comunicado oficial.
El ministerio también remarcó que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones provinciales. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.
Desde la Secretaría de Trabajo de La Pampa, por lo pronto, dijeron a Diario Textual que no recibieron ninguna notificación vinculada con pedidos de inspecciones.
A su vez, Claudia Calderón, quien la semana pasada fue elegida como secretaria general de Utelpa, dijo que los docentes están amparados por la legislación vigente para realizar la medida de fuerza y que no deben cumplir con el 75 % de funcionamiento. “La ‘esencialidad’ y el 75 % que reclama Capital Humano están suspendidos por la Justicia del Trabajo. El derecho de huelga está plenamente garantizado”, afirmó.
“Consideramos que el anuncio del Ministerio de Capital Humano de realizar ‘inspecciones muestrales’ y aplicar sanciones bajo la invocación de la Ley de Esencialidad es un acto de persecución, amedrentamiento y una clara provocación hacia los trabajadores de la educación”, resaltó a Diario Textual.
“Como bien viene denunciando nuestra secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, este Gobierno nacional ha sumido a la educación pública en la desinversión más atroz de los últimos 30 años: no construyó una sola escuela, subejecuta las partidas presupuestarias, eliminó el Fonid y se niega sistemáticamente a convocar a la Paritaria Nacional Docente. Ahora, en lugar de resolver la crisis salarial de docentes que no llegan a fin de mes ni pueden pagar el alquiler, el Gobierno nacional decide amenazar y perseguir sindicalmente para intentar frenar un reclamo legítimo. La huelga es un derecho constitucional que ningún protocolo muestral puede avasallar”, explicó Calderón.
También afirmó que Nación carece de legitimidad para realizar inspecciones en las escuelas pampeanas. “La gestión directa y el control cotidiano de las escuelas en nuestro territorio es una competencia estrictamente provincial, tal como la propia Constitución y las leyes educativas lo establecen. El Gobierno nacional no cuenta con la estructura ni con la legitimidad federal para intervenir de forma unilateral en las dinámicas escolares pampeanas”, expresó la dirigente sindical.
“Cualquier intento de ‘desembarco’ o monitoreo por parte de agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo de la Nación en La Pampa sería considerado una intromisión ilegal y un avasallamiento de las autonomías provinciales. Confiamos plenamente en que la comunidad educativa de La Pampa y el propio Ministerio de Educación provincial harán respetar los marcos legales correspondientes, sin dar lugar a maniobras que solo buscan sembrar el miedo”, agregó. “El acatamiento al paro va a ser contundente porque lo que se defiende es la escuela pública frente al ajuste nacional”, manifestó.
