En medio de amenazas e intentos de amedrentamiento de la Casa Rosada, docentes de todo el país, entre ellos los de La Pampa, llevaron adelante este lunes 3 un paro en reclamo de incrementos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo. Inspectores de Nación intentaron verificar que se cumpliera con la cobertura mínima del 75%, establecida en la Ley Bases, pero -pudo saber Diario Textual- no pudieron ingresar a las escuelas.
“No se les permitió el ingreso”, dijo Claudia Calderón, de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), a Diario Textual. Se presentaron inspectores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la Escuela 105 -barrio Sagrado Corazón de Jesús-, Escuela 217 -Matadero-, Escuela 254 -Fonavi XLII- y Escuela 255 -Villa Parque-. “No tienen jurisdicción ni legitimidad para hacer esas inspecciones”, agregó la dirigente.
El acatamiento al paro fue superior al 95 %, dijo Calderón. La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). En nuestra provincia, adhirió la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa).
La medida de fuerza dispuesta por Ctera responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del salario mínimo docente en 500.000 pesos durante el último año. Entre sus exigencias centrales, la entidad sindical reclamó la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo. A su vez, los trabajadores expresaron su rechazo a una eventual reforma previsional y al proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, además de reclamar mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Según había adelantado el Ministerio de Capital Humano, iba a realizar inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo iba a ser verificar si los gremios garantizaban el 75 % de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802. Ante posibles incumplimientos, la cartera había advertido que activará los mecanismos previstos para aplicar las sanciones correspondientes.
Sin embargo, omitió dos datos: en primer lugar, la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones provinciales por lo que Nación carece de legitimidad para realizar inspecciones en las escuelas pampeanas y, en segundo lugar, la declaración de servicio “esencial” está suspendido por una medida cautelar ante la Justicia de trabajo (es decir, los gremios no están obligados, al menos por el momento, a garantizar el 75 % de las clases durante una medida de fuerza).
