El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, volvió a defender la actuación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia a partir del caso del bebé de Rancul. “Nosotros no nos vamos a prestar a carancheos políticos. El procedimiento se hizo como corresponde”, dijo en un breve diálogo con Diario Textual, al ser consultado si consideraba que hay intereses políticos.
Por lo pronto, en la Legislatura se dictaminó para conformar una comisión investigadora. El funcionario, al ser consultado, evitó referirse a esa comisión.
Esta comisión se espera que reúna documentación e incluso cite a los funcionarios apuntados. Si bien no es vinculante, puede actuar como presión para el Ejecutivo. En la Legislatura no ocultan que buscan que sean apartados Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y Rodrigo Lofvall, director general de Niñez, Adolescencia y Familia.
Una de las particularidades es que tres de los cuatro integrantes de la comisión ya tienen, al menos públicamente, una opinión formada: que el procedimiento se hizo en forma irregular.
La comisión está integrada por Silvia Larreta, por el Frejupa; Sandra Fonseca, por Comunidad Organizada; Gisela Cuadrado, por la UCR; y Noelia Viara, por el PRO-MID.
Fonseca y Viara participaron de manifestaciones vinculadas con el caso, y Larreta, oriunda de Rancul, conoce a Joaquín Díaz desde que era bebé, según dijo, y ya expresó que “no hay nada que investigar”, en una abierta crítica a Niñez. Cuadrado, en tanto, no se manifestó públicamente sobre el caso, aunque es quien ha firmado más pedidos de informes dirigidos al área de Niñez.
Durante el debate, Larreta cuestionó el funcionamiento del organismo. “Esto va más allá de la política. Es un tema que nos atraviesa a todos”, afirmó. También reclamó respuestas de los funcionarios. “Cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones”, dijo. “Vamos a escuchar y llegar a la verdad; la sabemos, no necesitamos investigar nada”, agregó.
La diputada también vinculó el caso con otras situaciones relacionadas con niños y adolescentes que llegan a la Legislatura y planteó la necesidad de revisar aspectos de la legislación. “Hay muchos vacíos, y vacíos legales. Y ahí sí, tenemos que trabajar nosotros los diputados”, sostuvo, aunque aclaró que otras decisiones corresponden al Poder Ejecutivo.
El caso generó una fuerte repercusión en la provincia. La familia integrada por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani recibió al bebé, de dos meses de edad, bajo el régimen de cuidado transitorio, hasta que se seleccionara una familia adoptiva. Poco después de recibirlo, reclamó que se contemplara el vínculo afectivo construido durante la convivencia y pidió poder adoptarlo.
Sin embargo, se encontraron con un problema: el sistema de familias de contención establece que el cuidado transitorio no constituye, por sí mismo, una vía de acceso a la adopción. Ahora el bebé tiene siete meses y fue entregado a otra familia, que se había inscripto para adoptar a un niño o una niña. Joaquín y Ana Laura, desde la semana pasada, se manifiestan día tras día en la explanada de Casa de Gobierno.
En este caso hay un dato central: se cumplieron los plazos previstos para la medida de protección porque el bebé permaneció en Rancul menos de seis meses. En ese marco, el vínculo afectivo existe, pero se construyó dentro del período transitorio establecido.
Otro aspecto es que Niñez, en este caso, actuó a pedido de la Justicia y debía acatar la orden de entregar al bebé.
Además, la familia de Rancul ya había cuidado a otros dos niños bajo este régimen -una tarea por la que se les paga- y, por lo tanto, sabe que ese cuidado era transitorio y que no implica un derecho posterior a adoptarlos.
Las legisladoras cuestionan principalmente una serie de hechos ocurridos la semana pasada, cuando Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani se negaban a entregar al bebé. Entre otros puntos, ambos denunciaron que fueron maltratados, amenazados y engañados. También afirmaron que no pudieron despedirse del niño.
Por lo pronto, en el ámbito legislativo se descuenta que el caso podría derivar en el análisis de otras denuncias vinculadas con el funcionamiento de Niñez. Principalmente, del caso de Samuel, de General Pico: este nene, al comprobarse irregularidades, pudo quedarse con su familia de contención.