La Comisión de Legislación Social y Salud de la Legislatura pampeana emitió despacho a favor de la creación de una comisión investigadora por presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a partir del caso del bebé de Rancul que, luego de ser retirado de una familia de contención, fue entregado en adopción a otra pareja. La iniciativa, impulsada por la diputada Sandra Fonseca, cuenta con el respaldo del vernismo. En la Legislatura no ocultan que buscan presionar para que sean apartados Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y Rodrigo Lofvall, director general de Niñez, Adolescencia y Familia.
El caso generó una fuerte repercusión en la provincia. La familia integrada por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani recibió al bebé, de dos meses de edad, bajo el régimen de cuidado transitorio, hasta que se seleccionara una familia adoptiva. Poco después de recibirlo, reclamó que se contemplara el vínculo afectivo construido durante la convivencia y pidió poder adoptarlo.
Sin embargo, se encontraron con un problema: el sistema de familias de contención establece que el cuidado transitorio no constituye, por sí mismo, una vía de acceso a la adopción. Ahora el bebé tiene siete meses y fue entregado a otra familia, que se había inscripto para adoptar a un niño o una niña. Joaquín y Ana Laura, desde la semana pasada, está manifestando día tras día en la explanada de Casa de Gobierno.
En este caso hay un dato central: se cumplieron los plazos previstos para la medida de protección porque el bebé permaneció en Rancul menos de seis meses. En ese marco, el vínculo afectivo existe, pero se construyó dentro del período transitorio establecido.
Otro aspecto es que Niñez, en este caso, actuó a pedido de la Justicia y debía acatar la orden de entregar al bebé.
Además, la familia de Rancul ya había cuidado a otros dos niños bajo este régimen -una tarea por la que se les paga- y, por lo tanto, sabe que ese cuidado era transitorio y que no implica un derecho posterior a adoptarlos.
Las legisladoras cuestionan principalmente una serie de hechos ocurridos la semana pasada, cuando Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani se negaban a entregar al bebé. Entre otros puntos, ambos denunciaron que fueron maltratados, amenazados y engañados. También afirmaron que no pudieron despedirse del niño.
Por lo pronto, en el ámbito legislativo se descuenta que el caso podría derivar en el análisis de otras denuncias vinculadas con el funcionamiento de Niñez. Principalmente del caso de Samuel, de General Pico: este nene, al comprobarse irregularidades, pudo quedarse con su familia de contención.
La comisión estará integrada por Silvia Larreta, por el Frejupa; Sandra Fonseca, por Comunidad Organizada; Gisela Cuadrado, por la UCR; y Noelia Viara, por el PRO-MID.
Las cuatro legisladoras han expresado posiciones favorables a la familia de contención. Fonseca y Viara participaron de manifestaciones vinculadas con el caso; Larreta, oriunda de Rancul, conoce a Joaquín Díaz desde que era bebé, según dijo; y Cuadrado, en tanto, no se manifestó públicamente sobre el caso, aunque es quien ha firmado más pedidos de informes dirigidos al área de Niñez.
Durante el debate, Larreta cuestionó el funcionamiento del organismo. “Esto va más allá de la política. Es un tema que nos atraviesa a todos”, afirmó. También reclamó respuestas de los funcionarios. “Cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones”, dijo. “Vamos a escuchar y llegar a la verdad; la sabemos, no necesitamos investigar nada”, agregó.
La diputada también vinculó el caso con otras situaciones relacionadas con niños y adolescentes que llegan a la Legislatura y planteó la necesidad de revisar aspectos de la legislación. “Hay muchos vacíos, y vacíos legales. Y ahí sí, tenemos que trabajar nosotros los diputados”, sostuvo, aunque aclaró que otras decisiones corresponden al Poder Ejecutivo.
Larreta cuestionó además el silencio institucional frente al conflicto y mencionó el acampe que la familia de Rancul mantiene en el Centro Cívico. “Esto, el silencio institucional, no nos sirve. Y que la familia siga soportando frío allá afuera para ver si hacemos algo, tampoco”, dijo.
“Soy oficialista, del mismo gobierno al cual siempre defiendo cuando las cosas están bien y cuando están mal, no. Y esto está mal”, cerró.
El caso
La familia integrada por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani recibió al bebé bajo el régimen de cuidado transitorio, hasta que se seleccionara una familia adoptiva. Luego reclamó que se contemplara el vínculo afectivo construido durante la convivencia y pidió poder adoptarlo.
El sistema de familias de contención, sin embargo, establece que el cuidado transitorio no constituye por sí mismo una vía de acceso a la adopción.
La jueza Ana Pérez Ballester había ordenado a la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Pampa reclamar la entrega del bebé, debido a que ya se había seleccionado una familia adoptiva.
El lunes 7 de septiembre, Díaz y Pizzani se presentaron en la sede de Niñez y comunicaron que no entregarían al niño. Cerca de las 17, fueron demorados por policías en Castex, cuando regresaban hacia Rancul. Luego de momentos de tensión, acordaron regresar a Santa Rosa, donde finalmente se concretó la entrega del bebé después de las 18.30.
La familia cuestionó principalmente el procedimiento realizado en Niñez. Denunció maltrato y amenazas y sostuvo que fue engañada para trasladarse hasta la capital provincial. También afirmó que no pudo despedirse del niño.
Ese mismo lunes, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso presentado para intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La familia todavía puede intentar llegar al máximo tribunal mediante un recurso de queja por la denegación del recurso extraordinario.
En el amparo, los peticionantes habían solicitado que Niñez no avanzara con el proceso de adopción, que se declarara ilegítima la forma en que fueron informados sobre esa decisión, que se analizara la constitucionalidad de las normas aplicadas y que pudieran participar en el expediente de adopción y ser escuchados como referentes afectivos.
Qué dice la legislación
La situación del niño de Rancul tiene varias aristas. En principio, hay que recordar que el acogimiento familiar no constituye una vía de acceso a la adopción, aun cuando durante la convivencia se construya un vínculo afectivo. El principio que debe prevalecer es el interés superior del niño.
El Código Civil y Comercial establece que, como regla, quienes pretenden adoptar deben estar inscriptos en el registro correspondiente. Además, impide que una guarda de hecho o una situación de cuidado transitorio se conviertan por sí mismas en un camino hacia la adopción.
El Programa de Familias de Contención tiene otra finalidad: ofrecer al niño un hogar transitorio mientras se procura restituir sus derechos y se define su situación familiar y jurídica. La prioridad es, cuando resulta posible, que el niño regrese con su familia de origen. Si eso no ocurre y se declara la adoptabilidad, comienza un proceso diferente.
En Rancul, además, hay un dato central: se cumplieron los plazos previstos para la medida de protección. El vínculo afectivo existe, pero se construyó dentro del período transitorio establecido.
Por eso, reconocer la existencia de ese vínculo no implica otorgarle a la familia de contención un derecho preferente a adoptar.
El objetivo, en definitiva, es evitar que el acogimiento termine funcionando como una vía paralela hacia la adopción.