El ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, y el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, asisten hoy a un plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Asuntos Agrarios y Legislación General, en el marco del tratamiento del cobro de peaje que proponen tres proyectos de ley: uno del Poder Ejecutivo, otro del radical Hipólito Altolaguirre y el de los diputados del Frejupa encabezados por Espartaco Marín.
Tal como adelantó Diario Textual el fin de semana, fuentes legislativas adelantaron que la discusión podría concentrarse en dos cuestiones: la creación de un fideicomiso para administrar la recaudación y el alcance de la obligación de pago, ante el interrogante sobre una eventual objeción constitucional si el peaje se aplica solo a determinados camiones o en función de su jurisdicción de origen.
Los tres proyectos presentados en la Legislatura parten de un mismo problema: el fuerte incremento del tránsito pesado que atraviesa La Pampa, en particular el transporte de arena con destino a Vaca Muerta, y el costo que ese movimiento genera sobre las rutas provinciales. Datos oficiales difundidos por Diario Textual indican que por algunos corredores circulan entre 800 y 1.200 camiones diarios, mientras que en la ruta provincial 1 el tránsito se multiplicó respecto de los niveles anteriores.
La discusión legislativa, sin embargo, no se limitará a determinar cuánto se cobrará. Uno de los primeros puntos que aparece en el análisis es la decisión del Ejecutivo de crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas” y poner la administración del cobro bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M.. La Dirección Provincial de Vialidad conservaría la construcción, reparación, mantenimiento de las rutas y el control de cargas.
Ese esquema ya recibió objeciones de la oposición. El diputado Hipólito Altolaguirre dijo a este diario digital que no comparte la creación de otra estructura fiduciaria porque, a su criterio, esas funciones podrían quedar directamente en manos de Vialidad Provincial.
Otro punto en discusión es quiénes pueden ser obligados a pagar. El proyecto oficial establece excepciones para los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, además de vehículos de emergencia, oficiales y de transporte público interurbano. Para los restantes vehículos no radicados en la provincia, la obligación de pago queda vinculada con el impacto que produzca su peso sobre la vida útil de la infraestructura vial.
El proyecto de Marín, en cambio, nació con un universo mucho más específico: una contribución especial para los camiones que transportan arena hacia Vaca Muerta. Y el de Altolaguirre utiliza otro criterio, basado en el uso de la infraestructura y el control del transporte pesado interjurisdiccional.