El senador nacional Daniel Bensusán (peronismo, La Pampa) pidió este viernes evaluar el régimen de ciudadanía por inversión, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una medida cautelar interina que puso nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la Ley de Tierras.
“La Corte Suprema suspendió hoy la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Milei. Vuelven a aplicarse, provisoriamente, los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Pero hay otra cuestión a la que le debemos prestar mucha atención. El DNU 366/25 y el Decreto 524/25 crearon la ciudadanía por inversión”, dijo.
“Un extranjero podría naturalizarse argentino mediante una inversión y, en principio, dejar de estar alcanzado por los límites de la Ley de Tierras. El mecanismo está cuestionado judicialmente y sus efectos requieren controles. No discutimos solamente quién compra un campo. Discutimos cómo se protege el territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de nuestras provincias”, resaltó.
“La soberanía también se defiende con leyes, controles y decisiones que protejan el patrimonio nacional”, finalizó.
La cautelar restableció provisoriamente las restricciones que habían quedado sin efecto a partir del fallo del martes de la semana pasada. Ese día, por un motivo procesal, la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras.
Aquel fallo de la Corte, sorpresivo en una causa que llevaba más de dos años pendiente de resolución, motivó numerosas críticas, una inusual aclaración pública de integrantes del tribunal y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023, y no solo el artículo 154. La oposición anunció que buscará hacerlo en una sesión especial el jueves 15 de octubre. La nueva decisión de la Corte podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que surgió como reacción a la sentencia anterior.
La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La decisión respondió a un planteo de la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes solicitaron que la Corte aclarara si el fallo de la semana anterior también implicaba un rechazo al amparo que habían presentado contra la derogación de la Ley de Tierras.
La Corte no resolvió si los demandantes están legitimados para promover el amparo ni se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU de Javier Milei. En cambio, remitió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició el expediente, para que se analice la legitimación de los actores y su pedido de una medida cautelar.
