Este martes se registró un nuevo capítulo en la polémica por el caso del bebé de Rancul. Funcionarios de las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno provincial concurrieron a la Legislatura, convocados por la comisión investigadora para ampliar información y responder consultas, pero finalmente no expusieron. ¿Qué pasó? Hubo dos discrepancias: la comisión pidió que también declarara el equipo técnico, es decir, los empleados de planta, y que los funcionarios fueran entrevistados por separado. Ambos pedidos fueron rechazados después de tres horas de espera de los funcionarios en los pasillos. Desde la comisión denunciaron que el Gobierno está “entorpeciendo” la investigación. Los funcionarios rechazaron las acusaciones y cuestionaron que la comisión se atribuyera funciones propias de los jueces.
La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades por el caso del bebé que le fue retirado a una familia de contención de Rancul.
Paralelamente, Diario Textual dio a conocer un dictamen que les da un espaldarazo a los funcionarios de Niñez en momentos en que son apuntados por la comisión investigadora de la Legislatura: la fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel entrevistó a policías y empleados, y determinó que no hubo delitos, malos tratos u otras irregularidades por parte del equipo técnico y de los funcionarios de la Dirección de Niñez de La Pampa en el procedimiento de retiro de un bebé a una familia de contención de Rancul. “No se advierten elementos probatorios que permitan inferir un actuar contrario a la ley o un desvío de poder. Asimismo, conforme lo manifestado por los responsables operativos, no se constataron ni registraron expresiones agraviantes o intimidatorias, tampoco malos tratos u hostigamiento por parte de las autoridades hacia los denunciantes y terceros/as durante el desarrollo de las diligencias”, expresó.
Por lo pronto, las legisladoras de la comisión cuestionaron al Gobierno. “Ante la decisión de las autoridades de Niñez de no presentar a los equipos técnicos convocados y condicionar las entrevistas a la presencia conjunta de todos los funcionarios, nos dirigimos personalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar que nos reciba su titular”, informaron en un comunicado de prensa. “Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud de la Dirección de Niñez, que está entorpeciendo el normal desarrollo de la investigación legislativa”, agregaron. Finalmente, el ministro Diego Álvarez no las recibió.
Uno de los puntos de conflicto tiene que ver con el pedido de entrevistas a los trabajadores de Niñez. Desde Casa de Gobierno salieron al cruce de las diputadas. En primer lugar, señalaron que los integrantes de los equipos técnicos son empleados comprendidos en la Ley 643 y no pueden ser interpelados en la Legislatura, según dijeron fuentes oficiales a Diario Textual.
El argumento central del Gobierno es que la comisión fue creada sobre la base del artículo 68 de la Constitución provincial, que establece que solamente pueden ser interpelados los ministros o secretarios del Poder Ejecutivo. Es decir, no los empleados. “A los trabajadores se les puede pedir informes escritos, no citarlos a declarar compulsivamente”, indicaron las fuentes.
En ese marco, resaltaron que los funcionarios, como responsables políticos, son quienes deben responder las consultas de la comisión y aseguraron que están dispuestos a hacerlo.
El otro punto de conflicto se refirió a la modalidad de las entrevistas a los funcionarios. Las diputadas pretendían entrevistarlos individualmente, mientras que los funcionarios solicitaron que las reuniones se hicieran en conjunto, tal como habían sido convocados. “La convocatoria fue en conjunto. Además, se toman atribuciones e intentan funcionar como jueces”, cuestionaron desde Casa de Gobierno.
Sin acuerdo entre las partes, finalmente no hubo entrevistas ni a los equipos técnicos ni a los funcionarios.
Qué dijo Bonino
El subsecretario Juan Pablo Bonino encabezó la delegación, que esperó desde las 9 horas a las 12.15 en los pasillos de la Legislatura. “Venimos a dialogar con las legisladoras de la comisión temas vinculados al informe que escrito que presentamos hace algunos días. Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para el caso en particular, como para todos”, dijo.
“Nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de estado, y de ahí no nos movemos”, expresó.
Bonino resaltó también que son los funcionarios ministeriales quienes deben asumir la responsabilidad de responder las preguntas que puedan hacer las diputadas de la comisión. “Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, las y los están alcanzadas por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes. Parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la Comisión”, sostuvo. “Más allá de todos estos detalles, estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia”.
“Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños, esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como estado actuante”.
El caso
La investigación legislativa se originó por una denuncia de Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado.
La pareja concurrió a la comisión y denunció presuntas “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. Sin embargo, el cuerpo legislativo aclaró que su investigación se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y posterior retiro del niño y no en el proceso judicial de adopción.
El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas que no podían convertirse en adoptantes del niño.
El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos que fueron rechazados en distintas instancias judiciales.
El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo daría. Luego, fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.
Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.