Alejandro Urioste, integrante de la cátedra libre “Ernesto Che Guevara” y que se dicta en la UNLPam, denunció este lunes la persecución judicial a Luis Mattini, dirigente de izquierda, por el caso del secuestro y muerte de un militar en 1974. “El caso fue juzgado entre 1975 y 1983, con el resultado de varias condenas y ahora quiere reabrir el caso. Una aberración jurídica”, dijo.
“En el marco de la ofensiva judicial, ideológica, política y económica de los sectores que impulsan el proyecto derechista del gobierno nacional, se ha relanzado la persecución a Luis Mattini, quien fuera co-creador y director por más de una década de nuestra Cátedra Libre “Ernesto Che Guevara”, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam”, destacó Urioste en un comunicado.
La Cámara de Apelaciones de Rosario dio lugar en estos días a un pedido de la familia de Argentino del Valle Larrabure, un militar que el ERP secuestró durante la toma del cuartel de Villa María, en Córdoba, en 1974, y que un año más tarde apareció muerto. Ahora pretenden abrir el caso en una nueva audiencia.
Urioste recordó que el caso fue juzgado entre 1975 y 1983, con el resultado de varias condenas. “Es decir, es cosa juzgada. Pero la familia pide que se reabra el caso y que lo considere como crimen de lesa humanidad. Solicita también la prisión inmediata de Luis Mattini por ser el único miembro de la dirección del PRT-ERP que aún vive, como autor mediato”, expresó.
“Ni en la jurisprudencia nacional ni en el derecho penal existe ninguna forma jurídica por la que los delitos de las organizaciones insurgentes que actuaron en la década del ’70 puedan ser considerados de lesa humanidad”, sostuvo Urioste.
Y agregó: “El posible consentimiento a esta aberración jurídica por parte de la Cámara, no puede sino inscribirse en el marco del enorme retroceso y entorpecimiento impuesto por la actual política de DDHH al juzgamiento de los militares genocidas y sus colaboradores civiles. Esta actitud echa por tierra el reconocimiento y admiración internacional que despertó el singular proceso de enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados primero por la represión paraestatal y después por la dictadura cívico-militar, entre 1975 y 1983”.
Urioste remarcó que la reapertura del caso bajo estas circunstancias, aportaría a sentar una tenebrosa jurisprudencia al presente, de manera tal que se invertirían los sentidos de la justicia. “Se pondría entonces en el papel de víctimas a los responsables del emplazamiento de más de trescientos campos de tortura y exterminio que llevaron a una escala desconocida hasta entonces el método de la desaparición forzada de personas, entre otros muchos crímenes que ya han sido expuestos, juzgados y condenados en cantidad de juicios en los últimos años”, aclaró.
