La Comisión de Investigación y Reclamos Públicos de la Legislatura provincial dio ingreso este miércoles a una denuncia del exlegislador nacional y actual referente del GEN Juan Carlos Passo sobre una presunta estafa a vecinos del barrio Malvinas II de General Pico que pagaron la totalidad de las cuotas de sus casas pero no pueden escriturar.
La comisión es presidida por Patricia Testa (Frepam) y hoy se reunió por primera vez a raíz de la presentación que hizo Passo.
¿Qué dice el escrito? Que vecinos del barrio Malvinas II de General Pico terminaron de pagar las cuotas del departamento que habitan pero no pueden escriturar a su nombre porque, se presume, hay dos inconvenientes: que no se inscribió el contrato de copropiedad de los edificios y que el donante de las tierras no las había donado para la construcción de un barrio y los herederos no quieren firmar.
Los barrios Malvinas Argentinas I y II fueron construidos durante la dictadura militar y entregados en la década del 80. El Malvinas I, se entregó en 1982 durante la gobernación de Ricardo Telleriarte; el Malvinas II comenzó a habitarse en mayo de 1987, ya en democracia, durante la gobernación de Rubén Hugo Marín (PJ).
Según Passo, estamos en presencia de un hecho grave porque se construyó un barrio sobre un terreno cuya propiedad es difusa y mucho más porque se le cobró a la gente con certeza de que no se iba a poder escriturar.
La diputada Testa, en tanto, dijo que son dos las personas que abonaron todas las cuotas y están en condiciones de escriturar, pero puede haber más.
«Aparentemente este barrio se construyó sin la tenencia de la tierra. Cuando se construye un barrio lo primero que se hace es que el concejo deliberante investigue si las tierras son locales o provinciales. De acuerdo a la jurisdicción se determina si la provincia lo legaliza y escritura a nombre suyo o si es un terreno donado se hace la ordenanza correspondiente para darle legalidad al trámite y construir sobre una superficie que esté a nombre del Estado», explicó Testa.
«Hay dos posibilidades: citar al presidente del Ipav para que diga si investigó el tema o enviar una nota al organismo pertinente para que informe la legalidad de la tierra», agregó.