El Consejo Directivo de la CGT acordó este jueves la fecha del 22 de agosto próximo para elegir a la nueva conducción de la central obrera, según confirmaron a Télam fuentes gremiales.
Un documento oficial difundido luego de casi cuatro horas de debate en Azopardo al 800, afirmó: “El creciente nivel inflacionario que, lejos de apaciguarse, parece superar el de 2017, provoca el aumento de los precios de alimentos y productos; erosiona el poder adquisitivo salarial y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos, por lo que se impone restablecer una relación permanente entre valor de los haberes y de las tarifas”.
“La vulnerabilidad de la economía nacional, jaqueada por el elevado nivel de endeudamiento externo e interno; la ausencia de inversiones externas y locales; las altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera; la innecesaria importación de bienes manufacturados y de materias primas, que afectan la industria local; la permanente fuga de capitales y la errática política cambiaria, tienen graves consecuencias sobre la situación social y laboral de los trabajadores”, puntualizó la CGT.
Además, realzó: “La ausencia de un programa nacional de infraestructura básica, de agua potable y cloacas, de suministro eléctrico, de servicios de gas y sanitarios, de viviendas populares, de transporte público y de seguridad ciudadana afecta a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de manera esencial”.
Reforma laboral
La central agregó que si el programa económico no asienta el eje en lo social no será posible revertir la desigualdad y atender las necesidades de los desprotegidos, e indicó que ante tanta incertidumbre económico-social, el Ejecutivo impulsa otra vez reformas laborales que disminuyen indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios, provocando desigualdad.
La CGT rechazó esa iniciativa oficial y sostuvo que el creciente deterioro de la situación socio-laboral hace inviable la política económica, y exigió «la corrección de las estrategias públicas tarifarias y el abandono de cambios en la legislación laboral».
«Hay que atender las necesidades postergadas de jubilados y pensionados y de los desocupados y restablecer los programas sanitarios y las políticas de protección económica a la sobreviviente industria local», expresó la CGT, que adelantó que adoptará todas «las medidas de acción sindical necesarias para rechazar esa política económica».
Además, decidieron marchar este viernes a la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para manifestar su rechazo al aumento de tarifas de servicios.
La movilización de la central obrera será por iniciativa de los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), y se estipula que al mediodía llegarán a la sede del ENRE, ubicada en Suipacha al 600, donde realizarán un acto contra las subas de agua, gas y luz.