Por primera vez se publicó el nombre del integrante del grupo Albatros que realizó el disparo mortal contra el joven mapuche, en Villa Mascardi. Más de seis meses después del homicidio, el juez Gustavo Villanueva rechaza citar a indagatoria a los uniformados que protagonizaron la cacería contra la comunidad, el pasado 25 de noviembre. Fueron 114 disparos de armas cargadas por el nuevo modelo represivo, informó el sitio web El Cohete a la Luna.
Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, el cabo primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, ingresó junto a otros cinco uniformados al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 45 kilómetros de Bariloche.
Aproximadamente a mil metros de la tranquera —ubicada en la ruta 40— los Albatros encontraron a un grupo de integrantes de la comunidad. Dieron la voz de “alto” y segundos después comenzaron a tirar. El cabo primero Francisco Javier Pintos fue el que más veces lo hizo: realizó unos 40 disparos con sus armas, una pistola Beretta y un subfusil MP5.
Según pudo reconstruir El Cohete a la Luna, una de las balas 9 milímetros del MP5 —identificado con el número de serie B 05-C335508— alcanzó a Rafael Nahuel. El proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y le provocó un “shock hipovolémico por lesiones de los orgános y tejidos que provocaron una hemorragia de aproximadamente 4 litros de sangre, alojada en cavidad torácica y peritoneal”, según el informe de la autopsia firmada por dos médicos forenses.
De acuerdo al conteo de las municiones faltantes en los cargadores, el cabo primero Francisco Javier Pintos recargó sus armas en por lo menos cuatro oportunidades.
No fue el único. En las actas labradas se constata que de los seis efectivos que ingresaron al territorio —dos de ellos lo hicieron con posterioridad al primer grupo—, cinco tenían sus cargadores incompletos, es decir habían efectuado disparos. Además de Pintos, también dispararon el marinero Sergio Damián García; el cabo segundo Carlos Valentín Sosa; el cabo primero Sergio Guillermo Cavia —cuyo proyectil quedó en la recámara—; el cabo segundo Juan Ramón Obregón; y el ayudante segundo Eric Fabián Blanco.
Del recuento de proyectiles faltantes en los cargadores surge que los prefectos habrían efectuado 114 disparos. Fue una cacería. Fue una tragedia. Pudo haber sido una masacre.
Los datos surgidos en las pericias, testimonios y la inspección ocular del pasado 7 de diciembre descartan la teoría del enfrentamiento, instalada por el Gobierno nacional a través de un comunicado y posterior conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria brindó una explicación delirante: habló de tácticas militares de defensa por parte de los mapuches y de árboles arrancados de cuajo por el calibre de las armas que dispararon.
Ni una cosa ni la otra. Ante el ataque, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otros mapuches que los acompañaban corrieron montaña arriba de manera desordenada, y en un primer claro que encontraron comenzaron a tirar piedras a los prefectos que los atacaban. Así surge con claridad de los testimonios aportados, entre otros, por Fausto Jones Huala, quien junto a Lautaro González bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y luego fueron detenidos.
Y así se constata, además, en las declaraciones como testigos ante el juez Gustavo Villanueva de 15 integrantes de Prefectura que estuvieron en el lugar. Se trata de los uniformados que no ingresaron a la comunidad ni efectuaron disparos y que ya fueron citados a dar su versión.
Ninguno de ellos sostuvo la historia oficial del enfrentamiento, más allá de asegurar que escucharon pedir apoyo a alguno de sus compañeros que habían ingresado a la comunidad.
El único que insistió en la posibilidad de que los Albatros hubieran sido víctimas de disparos fue el Jefe de Prefectura en Bariloche, Prefecto Principal Leandro Ruata. Ante el Juez “dijo que le dijeron”, pero no recordó quién. Poco para sostener esa versión en el expediente.