“Fueron cincuenta y ocho días de infierno en el Juzgado Federal de Santa Rosa”. Lo dijeron los jueces Orlando Coscia, Luis Salas y Marcelo Grosso, del Tribunal Oral Federal de La Pampa, que juzgaron y condenaron a cinco años de prisión al exjuez federal santarroseño José Antonio Charlín. “Estamos convencidos por lo vivido en audiencia que solo la fortuna dispuso no lamentar a la fecha una víctima fatal”, sostuvieron, sin exagerar.
Hace unos días, los magistrados habían leído la parte resolutiva del fallo. Ahora Diario Textual accedió a la sentencia completa, con los argumentos, sobre el juez que tuvo un breve paso por el Juzgado Federal de Santa Rosa.
Los magistrados que subrogaron el TOF sostuvieron en su fallo que, a raíz del caso de Charlín, “deberían revisarse sus procesos de selección de aspirantes” a jueces y alertaron sobre la “falta de un protocolo para denunciar internamente” situaciones de esta naturaleza. Sostuvieron que el escenario generó “vergüenza ajena” y fue “dramático” para los empleados judiciales.
Charlín -quien había llegado al juzgado federal santarroseño, para reemplazar provisoriamente al titular, Pedro Zabala, que se encontraba gravemente enfermo- fue encontrado autor de nueve hechos delictivos. Entre otros, delitos de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del Juzgado Federal de Santa Rosa. También fue condenado por la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones. Incluso el TOF ordenó que se investigue otro episodio que protagonizó con el arma de fuego de un custodio. Ahora deberá analizarse, a partir de nuevos testimonios, si se le inicia otra acusación.
Los jueces del TOF se permitieron hacer una larga reflexión. “Quienes suscribimos este fallo somos personas con muchos años de servicio en el Poder Judicial. Pero en todos estos años nunca hemos vivido, ni aún visto, algo similar a cuanto hemos presenciado en este juicio”, dijeron. “Nunca hemos asistido a la realización de tanto daño a un grupo de trabajo dentro de un tribunal de justicia, independientemente del fuero o instancia, protagonizado por el juez a cargo de la dependencia, actuando al falaz amparo argumentativo de mejorar los estándares de trabajo del organismo”.
“El caso ‘Charlín’ ha ocupado nuestro tiempo y nuestros pensamientos de manera particular; convivimos profesionalmente con el sufrimiento que dimana del caso penal pero nunca habíamos asistido a un escenario de esta envergadura, donde a propósito de miserables aspiraciones personales ajenas al debido ejercicio del cargo, nada pareció importar ni parecía encontrar límite”, alertaron. “Donde ni siquiera la enfermedad terminal de una persona y la tragedia que ya enlutaba a su esposa mayor de edad (NdeR: por el caso de Pedro Zabala, ya fallecido), hubo de poner mesura en las acciones delictivas del incuso”.
Los magistrados resaltaron el valor que tuvieron los denunciantes. “Solo el valor de los agentes judiciales sometidos a semejante escarnio auspició una salida para tamaña y tan grave situación, sin que existieran mayores consecuencias que lamentar”.
“La utilización de armas propias e impropias por el procesado y la continua agresividad descontrolada sobre los agentes judiciales, pudo haber terminado con la vida de alguno de ellos, sea por un disparo, por un corte letal o por una descompensación física terminal producto de las violencias morales soportadas.
“Dentro de todas las conclusiones a las que hemos arribado, dicho esto con el mayor y más humilde de los respetos para las autoridades a las que hemos de dirigirnos, tenemos para nosotros que vista hacia adentro nuestra organización, luego de esta causa, deberían revisarse sus procesos de selección de aspirantes a la Magistratura, y muy especialmente en lo que respeta al ‘perfil del juez’ y sus aptitudes psicofísicas para acceder a los cargos. Pero hay un punto que nos ha generado tanta preocupación como el anterior y que entendemos merece ser destacado. Hemos comprobado la falta de un protocolo para denunciar internamente eventos de esta naturaleza; como también la inexistencia de un equipo interdisciplinario de intervención rápida con capacidades suficientes para detectar estas situaciones, para detectar estos ‘jefes’, para anticiparse a la generación de tanto daño. Un equipo que sepa distinguir una simple disconformidad con una forma de conducir la oficina judicial de un caso como el aquí juzgado”.
Dijeron, sin exagerar, que podría haber habido una muerte. “Estamos convencidos por lo vivido en audiencia que solo la fortuna dispuso no lamentar a la fecha una víctima fatal”, sostuvieron. “La utilización de armas propias e impropias por el procesado y la continua agresividad descontrolada sobre los agentes judiciales, pudo haber terminado con la vida de alguno de ellos, sea por un disparo, por un corte letal o por una descompensación física terminal producto de las violencias morales soportadas. Varios de ellos aún hoy siguen con tratamientos para recuperarse de lo vivido. Fueron cincuenta y ocho días de infierno en el Juzgado Federal de La Pampa, días vividos en soledad y pesar por sus integrantes, sin acciones rápidas que los asistieran ante semejante situación. La tragedia pudo también haber tenido su reverso a cuanto arriba decimos: el descontrol de un agente judicial, de un familiar, o de un amigo íntimo de estos, sobre el ‘juez agresor’ con acometimiento físico sobre el mismo, con consecuencias igualmente graves e impensables, amplificando estrepitus social de un caso generador de vergüenza ajena”.
“Es más -agregaron- no podemos dejar de recordar los colapsos físicos y mentales de otros particulares involucrados, tal como ha sido el que sufrió la titular del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos local, Dra. Perla René Bertolozzi, profesional que declaró con vos quebrada en juicio y el llanto a flor de piel. La misma Dra. (Iara) Silvestre, mujer interpretable por sus formas de expresión como de personalidad y carácter, se quebró públicamente en debate rompiendo en llanto al explicar la agresión sexual que tuvo que soportar”.
Sostuvieron que un banco de información integrado podría servir para evitar hechos de esta naturaleza. “Si administrativamente se ha pergeñado, por ejemplo, una licencia única de conducir a nivel nacional para evitar, entre otras cuestiones disvaliosas, que inhabilitados de una jurisdicción obtengan su igual en otra, parece más que acertado pensar y discutir si los Poderes Judiciales, si los Consejos de Magistratura, si los Colegios de Abogados, no deben generar ese banco único de datos de aspirantes para evitar devenires de candidatos con deméritos funcionales, administrativos, y aún de salud psicofísica, que pudieran impactar en otro asiento o departamento judicial para el caso de ser designado el aspirante. Creemos incluso que siendo el candidato a Juez un Abogado, los Colegios profesionales también deberían sentarse a pensar en este tema, todo a propósito de la condición de auxiliares directos y privilegiados de la actividad judicial que revisten los Colegas. Ellos, que integran los Consejos de Magistraturas, también son perjudicados directos de los magistrados mal seleccionados y puestos en los cargos, siendo un ejemplo cabal en el legajo el caso ‘Almirall’, en su condición de Agente Fiscal AFIP ante el juzgado federal local. Recuérdese incluso que el imputado interpeló a un jefe regional solicitándole la desafectación del letrado de sus funciones (acción que también ejecutó sobre la responsable del Servicio Médico comunicándose con su propia jefatura)”, dijeron.
“El caso ‘Charlín’ ha mostrado tanto, pero por sobre todo tan dramático escenario, por lo cual entendimos que nuestra función no podía agotarse con el dictado de la sentencia. Debíamos, y así lo estamos haciendo, responsable y respetuosamente, informar del fallo a las diferentes autoridades y actores que aportan a la conformación de esta rama del gobierno, dejando el tema en sus manos y mejores oficios para que discutan y decidan la pertinencia o no de acciones a futuro en sus ámbitos específicos, con el fin último de que esto no vuelva a ocurrir”, expresaron.
Caso Charlin – Fallo Del TOF 2018 by diariotextual on Scribd