El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa salió a respaldar a los dos jueces provinciales que, luego de haber prohibido el ingreso de nuevos presos de otras provincias a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, comenzaron a ser investigados por la Justicia Federal.
El organismo dio a conocer su posición en un documento. «El Colegio de Abogados y Procuradores, frente al particular conflicto que se suscitó respecto de la interpretación y ejecución del Convenio firmado en 2007, por el cual la provincia de La Pampa convino con autoridades del orden Federal la construcción de un Pabellón en la Unidad Penal Federal Nº 4 sita en la ciudad de Santa Rosa a condición de que el sistema judicial pampeano dispusiese de trescientas (300) plazas para que se cumplan penas de condena impuestas en procesos penales tramitados y resueltos en la provincia, manifiesta su total apoyo a la decisión adoptada por los jueces de Ejecución Penal de reclamar que la UPF Nº 4 sólo reciba presidiarios pampeanos en las instalaciones que fueron pagadas por la Provincia», expresó.
«Como colaboradores de la Justicia acompañamos toda medida judicial que se adopte en pos de garantizar los derechos humanos, fundamentalmente en situaciones como las del caso, en las que se trata de personas privadas de la libertad», dijo.
«Asimismo, exhortamos a las autoridades comprometidas en la ejecución del convenio, quienes tienen la delicada tarea de cumplir y hacer cumplir el mismo que arbitren todos los medios para tal fin respetando la letra y espíritu del mismo», finalizó.
El fiscal federal subrogante de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, abrió este mes una causa penal contra los jueces provinciales Martín Saravia y Mauricio Pascual, a quien investiga si cometieron el delito de abuso de autoridad cuando recientemente ordenaron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la prohibición de nuevos ingresos de presos que no sean pampeanos en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa.
El conflicto entre la Justicia provincial y la federal comenzó inmediatamente después del fallo de Saravia y Pascual. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal comunicaron el tenor de la resolución a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF). Poco después, Pablo Díaz Lacava, presidente del TOF, “puso en conocimiento” de esta situación al fiscal Gómez Barbella para que analice si los dos magistrados de la provincia habían cometido el delito de abuso de autoridad.
¿Cuál es la discusión? La Justicia Federal sostiene que dos jueces provinciales no pueden darle una orden a un organismo federal, como el SPF.
No es lo que piensan Saravia y Pascual. Tampoco otros jueces, fiscales y defensores provinciales, que salieron a respaldarlos.
