Dueños de empresas de transporte escolar locales, representados por el abogado Fernando Gutiérrez, presentaron un pedido de investigación en el Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de un delito por el otorgamiento, por parte del municipio santarroseño, de un permiso para operar que obtuvo en forma «exprés» la empresa Autobuses Bariloche.
«Hay una situación cuanto menos irregular», dijo el abogado. «Creemos que se estaría violando el artículo 248 del Código Penal, que penaliza a funcionarios que se excedan en sus facultades o dicten actos por fuera de la normativa vigente», sostuvo.
¿Cuál es la presunta irregularidad que plantean los transportistas? Que la normativa dice que toda empresa debe acreditar al momento de presentarse en una licitación la titularidad del cien por cien de las unidades. Y los micros que presentó en este caso la empresa no están a su nombre, sino que pertenecen a El Recreo, una firma de Santa Fe.
«Acá no es provisorio el permiso, se otorga o no se otorga. Por eso pedimos que la justicia investigue», dijo Gutiérrez.
El problema surgió cuando Autobuses Bariloche se presentó en una licitación de la Provincia donde entre los requisitos se exigía tener habilitación en Santa Rosa.
