La Corte Suprema de Justicia de la Nación le quitó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz en dos causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura. La acordada contó con un solo voto disidente: el del titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
El represor, mano derecha de Ramón Camps en la policía bonaerense durante el terrorismo de Estado, recibió la semana pasada su cuarta condena a prisión perpetua. Una de las víctimas fue el pampeano Juan Carlos Andreotti.
Etchecolatz está desde marzo en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, luego de haber pasado tres meses de arresto domiciliario en Mar del Plata.
El ex omisario fue llevado de vuelta a la cárcel en medio de protestas de los vecinos del Bosque Peralta Ramos, en la localidad balnearia, que repudiaron la presencia del represor que tuvo a su cargo una veintena de centros clandestinos de detención.
El pronunciamiento de hoy fue en línea con el fallo Bergés de 2016. En esa ocasión, la Corte estableció que la detención domiciliaria debe ser precedida por informes del Cuerpo Médico Forense «porque su imparcialidad está garantizada por normas específicas», y que las conclusiones de los informes deben ser controladas por las partes, informó Página/12.
Rosenkrantz no acompañó las firmas de Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Su argumento para votar en contra fue que los recursos de queja presentados por el Ministerio Público Fiscal eran “inadmisibles”.
El titular de la Corte es uno de los dos jueces, el otro es Horacio Rosatti, a quien Macri intentó designar en el máximo tribunal sin cumplir el correspondiente aval del Senado. Una vez en la Corte fue quien promovió el fallo del 2×1 en beneficio de los genocidas.
Etchecolatz acumuló causas en su contra desde el fin de la dictadura pos secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En 2006 recibió su primera condena a perpetua en La Plata: horas antes de la sentencia desapareció Jorge Julio López, testigo clave de la querella.
A los 89 años, tiene otras condenas, como la del Circuito Camps, y sumó hace pocos días una nueva perpetua, por los crímenes de Puente 12, cometidos en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza; y en la comisaría 1° de Monte Grande.