El juez de control Néstor Daniel Ralli condenó a Luis Enrique K. a la pena de un año de prisión de ejecución condicional y el pago de 3.000 pesos en concepto de gastos veterinarios, por ser «autor material y penalmente responsable del delito de actos de crueldad contra los animales».
La causa se resolvió a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el entonces fiscal Carlos Ordás –recientemente designado juez de control–, el abogado particular Carlos Alberto Pérez Funez y el imputado, quien admitió su responsabilidad penal. En el legajo intervino la Asociación Protectora de Animales (Apani), a través de su presidenta, como querellante particular.
Con las pruebas aportadas por las partes, el juez dio por probado que el 13 de julio pasado, en cercanías del predio donde funciona el relleno sanitario de la calle Pilcomayo, en Santa Rosa, el imputado mantuvo relaciones sexuales con una perra. Un veterinario constató que el animal había sufrido tumefacciones, inflamaciones, lesiones lacerantes y sangrados.
Entre esos elementos probatorios figuraron un informe de presencia policial en el lugar –a partir de un llamado al 101–, una declaración testimonial, el acta de secuestro de una camioneta y de prendas del acusado y otros dos informes, del psiquiatra forense y del área de Veterinaria Forense Sección Canes, de la Policía.
“A partir del análisis de las pruebas colectados durante la investigación fiscal preparatoria y también con el reconocimiento que efectuó el imputado, entiendo que los hechos quedaron debidamente probados”, señaló Ralli en el fallo. En los abreviados, el juez no puede imponer sanciones superiores a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
Por otro lado, las partes acordaron que se le impongan a K., por el término de dos años y como reglas de conducta, las obligaciones de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal, y realizar un tratamiento psicológico.