Un empleado de 35 años fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional, como autor de los delitos de amenazas simples y desobediencia judicial, en ambos casos en dos oportunidades.
El 5 de mayo pasado, a la una de la mañana, el imputado, César Darío Payero, llamó telefónicamente a su expareja, pese a que tenía una restricción de acercamiento y contacto impuesta en el Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial con fecha 28 de febrero de 2019, según indica el fallo dictado por el juez de control santarroseño Néstor Daniel Ralli y que fue divulgado por el área de Prensa de la Justicia.
A su vez, ese mismo día, a las 7 y cuando la mujer iba a entrar a su perro en su casa, observó que el acusado estaba estacionado a pocos metros en su camino y desde ahí la amenazó verbalmente, para luego retirarse. Minutos después volvió a llamarma. “Estoy sacado, no me vas a hacer la denuncia porque si no vas a ver lo que te va a pasar”, le dijo. A las 14.30 hubo otra llamada, manifestándole: “Vas a terminar en el cementerio parque”.
Al día siguiente, al mediodía, la víctima atendió el teléfono y era el imputado, quien amenazó con matarla y le dijo que retirara la denuncia y que iba en serio.
Además volvió a incumplir la restricción el 24 de julio, a primera hora de la mañana, cuando su expareja estaba cerrando el portón de su vivienda para irse a trabajar en su auto.» El acusado, sin mediar palabra, comenzó a correrla con un objeto que podría llegar a ser un palo y, en esas circunstancias, fue socorrida por una vecina, quien le ofreció que ingresara a su casa y llamara a la policía”, según el fallo.
La sentencia de Ralli fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Marcos Hernán Sacco, el defensor oficial Pablo De Biasi y el propio imputado, quien reconoció la autoría de todos esos hechos.
La víctima, al ser informada de ello, prestó su conformidad, aunque solicitó continuar con el dispositivo dual que posee porque siente que le brinda seguridad. El juez aceptó esa solicitud, pese a la oposición de la defensa.
Ralli, además, le impuso a Payero el cumplimiento de las siguientes pautas de conducta durante dos años: obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto, abstenerse de relacionarse de modo alguno con su expareja ni acercarse a menos de 200 metros de ella ni de su domicilio, y realizar un tratamiento terapéutico.