El intendente de Lonquimay, Luis Rogers (PJ), insiste con que es inocente. El jefe comunal, pese a que recientemente la Cámara Federal de Casación Penal le anuló la sentencia a 5 años de prisión y ordenó que le apliquen otra condena, ahora presentó un recurso extraordinario federal para que el caso sea analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su intención es que lo declaren inocente. Si no lo logra, al menos habrá ganado más tiempo en la batalla judicial.
El recurso extraordinario aún no fue autorizado por Casación. Si no se lo conceden, igual puede ir «en queja» ante la Corte.
Hace unos días se conoció que la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena al jefe comunal por el delito de trata de personas y estableció que otro tribunal debía imponer una nueva pena.
Estos camaristas no dijeron que era inocente ni pusieron en duda la investigación o los hechos. En rigor, sostuvieron que la pena debía merituarse con una legislación diferente.
¿El argumento para anular la condena? Que le aplicaron en 2017 una pena a 5 años de prisión en base a la Ley 26.364, de Trata de Personas, pese a que esa norma no se encontraba vigente al momento en el que fueron sometidas a trata y prostitución algunas de las víctimas del prostíbulo Good Night.
La nueva sentencia deberá ser impuesta bajo la ley anterior, más «benigna» para los acusados. Rogers podría recibir una condena en suspenso o, directamente, ser absuelto.
En junio de 2017, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa -integrado por Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava- dio a conocer la sentencia por el caso del prostíbulo Good Night. Los jueces condenaron al intendente Luis Rogers, al policía Carlos Alanís y al dueño del local Carlos Fernández a cinco años de prisión y una multa de 50 mil pesos por el delito de trata de personas. También fueron condenados, en esa oportunidad, Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, un hermano del dueño y un empleado, respectivamente, a una pena de 2 años de prisión en suspenso.
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Para esos jueces, el aporte del jefe comunal fue «esencial» para cometer el delito. «Para contribuir a la ejecución de ese acogimiento, se contó con el aporte esencial del Jefe de la Comisaría de Lonquimay, Carlos Alanís y del titular del Ejecutivo municipal, Luis Enrique Rogers, ambos funcionarios públicos al momento de materializarse las conductas en clara infracción a la ley de trata. El aporte de ambos servidores públicos al delito atribuido, si bien no adoptó las características de una organización criminal, contribuyó sin duda alguna a la consumación de los hechos verificados», dijeron en su momento.
Rogers, un dirigente de la línea interna marinista Convergencia Peronista, se convirtió en ese año en el primer intendente pampeano en ser condenado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación se inició el 4 de julio de 2009, cuando la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alanís y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.
El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.
La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le «debía» dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que «no le importaba, que ella tenía que hacer plata».
El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la Justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alanís. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.
El 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el Good Night. Se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las «copas» y los «pases» que realizaban.
Se determinó, a partir de la declaración de otras víctimas, que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero. Desde esa fecha, no se volvió a abrir más el local. Hoy está abandonado.