La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos -representada por el fiscal Facundo Bon Dergham y la fiscal Sustituta Cecilia Molinari- avanzaron en las causas penales por la ocupación y la conformación del asentamiento El Salitral, ubicado al noroeste de Santa Rosa: hoy, en una audiencia de formalización, la fiscalía acusó a siete personas. Los ocupantes se quejaron. «Hay una criminalización de la protesta social», dijeron.
«Dos de esas personas fueron acusadas del delito de instigación (a la usurpación) y otras cinco por usurpar terrenos de la familia Aguilar», dijo el fiscal Bon Dergham a Diario Textual. La pena que contempla el Código Penal para estos delitos es de seis meses a tres años de prisión.
Los dos acusados de «instigación» son Carina Lezcano y su esposo Pedro Sotelo, los primeros en llegar al lugar y hacer una precaria vivienda. Incluso la CPE les «bajó» la electricidad. Allí, además, armaron un ropero comunitario y durante varios días dieron merienda a los chicos del asentamiento.
Luego de su caso, llegaron unas 150 familias a ocupar los lotes -la gran mayoría en manos estatales, aunque también privados-. Actualmente, solo quedan solo entre 10 y 15 familias.
Solidaridad, guisos comunitarios y un «roperito» en El Nuevo Salitral
Hoy solo se efectuó la acusación por los terrenos de la familia Aguilar, que fueron ocupados. Pero existen otras causas penales por ocupaciones en otros sectores de El Salitral y en otros cuatro asentamientos.
«La intención de la Fiscalía es avanzar en las investigaciones y lograr la desocupación de todos los inmuebles. Durante la audiencia se debatió sobre la posibilidad de una salida alternativa al conflicto para que las personas abandonen el predio ilegítimamente ocupado, en el cual el damnificado (por la familia Aguilar) habita con su familia de manera efectiva», sostuvo el fiscal.
«Cabe destacar que, durante el desarrollo de la investigación iniciada en el mes de julio, muchas familias cesaron de la comisión del delito y, de forma voluntaria, decidieron retirarse del lugar. Estas personas no fueron citadas a la formalización, a diferencia de aquellos que continúan con la usurpación. De esta manera la formalización tiene por objeto judicializar el conflicto en miras a una futura acusación penal y su consecuente desalojo», expresó.
