La Fundación Chadileuvú (Fuchad) planteó una serie de advertencias a tener en cuenta luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a Mendoza de liberar un caudal mínimo de 3,2 m3 del río Atuel: la calidad del agua y acordar el monitoreo ambiental, una vez que se restablezca el cauce en nuestra provincia.
La ONG pampeana también consideró que cada gobierno mendocino ha tenido la “habilidad” de “embarrar la cancha” en cada conflicto por los ríos.
“Nuestra provincia, en el curso de todos estos años ha adquirido una vasta experiencia respecto del diálogo con Mendoza y hablando en términos futbolísticos, apreciar su habilidad para sacar la pelota fuera de la cancha y en embarrarla”, sostuvo la Fuchad.
Y destacó como importante a plantearse en la discusión entre ambas provincias dos puntos. “El fallo de la Corte si bien hace mención a la salinidad de las aguas en el cauce reactivado, no fija ningún valor al respecto; la FuCHad considera que el agua a liberar en el punto interprovincial debe tener los mismos valores de salinidad que los registrados en el lago de la represa de Valle Grande”, dijo. “También deberá acordarse la modalidad del monitoreo ambiental que permita evaluar la mejora de los ecosistemas mediante el caudal arbitrado”, agregó.
La fundación calificó al fallo de la Corte Suprema de Justicia, como una etapa más de una lucha llevada a cabo desde hace más de un siglo y que tomó relevancia en 1948 con la carta enviada por el señor Ángel Garay al presidente de la Nación, general Juan Perón, informándole de los padecimientos ocasionados a la población que vivía a la vera del río Atuel debido al corte de dicho río al entrar en funciones la represa Los Nihuiles.
“En ese lapso los pobladores del Territorio de La Pampa no dejaron de reclamar la restitución de un caudal que permitiera reactivar el cauce del río, siquiera en los términos que prescribía la resolución 50/49 de Agua y Energía”, agregó la FuChad.
No habrá acuerdo por el Atuel: Mendoza propone trasvase y perforaciones
“En el marco de esas acciones -agregó- podemos citar algunos hitos: el fallo de 1987 que estableció la interprovincialidad del Atuel, hecho que era negado por Mendoza; el fallo del 2012 del Tribunal Latinoamericano del Agua que declaró la violación al derecho humano al agua por parte de la provincia mendocina. También consideró que el río Atuel pertenece tanto al dominio originario de Mendoza como al dominio originario de La Pampa, el fallo de la CSJN de 2017, en el cual se conminaba a las partes en conflicto (La Pampa y Mendoza) a acordar en el plazo de 30 días un caudal hídrico apto; acto que no pudo realizarse debido al desacuerdo entre la propuesta pampeana de 3.4 m3/s y la mendocina de 1.6 m3/s”.
La Fuchad remarcó que ante ese desacuerdo “insalvable”, la Corte arbitró un caudal muy cercano a la exigencia de mínima de La Pampa, considerando dicho caudal de 3.2 m3/s como una meta interina, fijada en el marco del principio de progresividad. “El caudal establecido deberá ser ajustado en el tiempo conforme surja de las evaluaciones de la evolución de los ecosistemas perturbados y de los aprovechamientos que se realicen”, aseguró la ONG ambientalista.
Además, resaltó la propuesta superadora de la CSJN de reemplazar la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) por la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (Cira), que en otras palabras sería un comité de cuenca. “Esta propuesta viene a poner fin a una aberración hídrica y jurídica cual era el fraccionamiento de la cuenca”, expresó.
Finalmente, la fundación consideró un acto de justicia el hacer mención a los miembros de la ONG que han batallado a través de las décadas por la restitución del Atuel y no han podido ver consumada su pelea. “Son muchos por esa razón mencionaremos únicamente los que han estado en puestos de conducción: Héctor Torroba, Leopoldo Casal, Víctor Arriaga, Edgar Morisoli y Raúl Celso D’Atri”.
Vanini y el Atuel: ahora todos los pampeanos tienen conciencia de defensa de los ríos