En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones y ahora deberá tratarse en el Senado, donde se esperan números más ajustados, con una definición voto a voto.
A diferencia de 2018, cuando la Cámara Baja le dio luz verde al proyecto con 129 votos positivos, 125 negativos y una sola abstención, esta vez se extendió la brecha. En tanto, fuera del Congreso militantes “verdes” y “celestes”, que habían comenzado a arribar a partir del mediodía, llevaron a cabo una vigilia durante toda la noche, a la espera de la resolución. Finalmente, quienes desean “que sea ley” terminaron celebrando.
Finalmente, los tres diputados del peronismo por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, Ariel Rauschenberger y Melina Delú, votaron a favor, en tanto que Martín Maquieyra y Martín Berhongaray lo hicieron en contra.
Berhongaray, en rigor, era el único indeciso. Argumentó que su decisión se condicionó porque no se avanzó en una serie de modificaciones que planteó y no se escucharon. “De arranque condicioné mi decisión a que se realice un conjunto de modificaciones sobre cuestiones que considero centrales y sobre las que no he tenido respuestas. Recién ayer por la tarde me alcanzaron un borrador -sobre ese pedido-”, se quejó. “Objeté y objeto que una nena de 13 o 14 años pueda acceder a interrumpir un embarazo sin que nadie se entere. Me dijeron que había un ambiente favorable para modificar ese artículo, pero se ve que no alcanzó”, manifestó. “Me enviaron una alternativa de redacción que repite en la práctica el mismo desenlace del texto que pedí modificar, porque sigue permitiendo el mismo hecho”.
“Otra de las causales que objeté es la falta de enunciación dentro de las causales del plazo de 14 semanas (para interrumpir el embarazo), como rige en La Pampa, por ejemplo, donde el sistema brinda atención segura a las mujeres que concurren”, sostuvo.
Ni bien el tablero reveló el resultado de la votación, una ovación inundó el recinto: oficialistas y opositores dejaron de lado sus diferencias políticas y, hermanados por el color verde, se abrazaban y aplaudían emocionados, mientras puertas afuera del Congreso los simpatizantes del proyecto, concentrados durante horas a la expectativa del resultado, estallaron en festejos. Todo un contraste con el ánimo resignado de los diputados “celestes”, detractores de la legalización del aborto; silenciosamente se retiraron del recinto con la esperanza de que el Senado, una vez más, frene el avance del proyecto.
Más de 160 oradores desgranaron, a lo largo de casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, sus posiciones a favor y en contra. Al igual que en 2018, la discusión cruzó transversalmente todas las bancadas, sin distinciones partidarias. En el recinto, coloreado de “verde” y de “celeste”, los discursos se sucedieron enfáticos, por momentos vibrantes, aunque en un clima sereno y respetuoso.
Los argumentos a favor y en contra de la iniciativa fueron idénticos a los que se escucharon hace dos años, cuando el tema se instaló por primera vez en la Cámara baja. Sus promotores insistieron en que la legalización del aborto significa una ampliación de los derechos de las mujeres y que, en definitiva, se trata de un asunto de salud pública: al ser legales y no clandestinos, serán prácticas seguras que evitarán miles de muertes de mujeres que buscan interrumpir de manera voluntaria sus embarazos.
El proyecto autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
Antes de solicitar la práctica de un aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado. A partir de los 16 años podrá hacerlo por sí sola, sin la autorización de un mayor. Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Respecto de las menores de 16 años, el proyecto original establecía que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Ante algunas críticas que recibió la redacción de este artículo, se acordó incluir un párrafo que indica que «en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada».
La segunda y más importante modificación que se introdujo en el texto tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.