El fiscal Guillermo Marijuán presentó este viernes una denuncia penal de oficio contra el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, para que se investigue la “presunta comisión de delitos de acción pública”, a causa del escándalo por el “vacunatorio VIP” en la cartera sanitaria nacional. También pidió que se investigue al periodista Horacio Verbitsky, “sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.
“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, declaró Marijuan en la presentación que envió a la Cámara Federal. Así pues, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 realizó su presentación ante la Cámara Federal porteña y el próximo lunes se sorteará la denuncia.
En el escrito, el fiscal solicitó además que tras el escándalo generado por las “vacunaciones de privilegio” reportadas en las últimas horas y en días recientes, cada jurisdicción deberá brindar un informe sobre quiénes fueron inoculados contra el coronavirus como “personal de salud”.
Según el funcionario judicial, los sucesos que le costaron el cargo a González García implican “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”, según publicó Perfil.com.
Sobre este último punto, haciendo referencia a Verbitsky, sostuvo que “habría accedido a la vacunación por fuera del sistema institucional establecido, a partir de las gestiones realizadas por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García”.
Además, en su presentación, Marijuan manifestó que los hechos “resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo” para el funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Incluso, el fiscal mencionó la Ley 27.573, de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la enfermedad Covid-19. En ese sentido, sostuvo que las normativas vigentes establecen “un orden prioritario” para la aplicación de vacunas contra el coronavirus, “resultando así que los primeros en aplicárselas sean el personal de salud y luego las personas mayores de sesenta años”.