El partido NOS, que a principios de febrero presentó en el Juzgado Federal de Santa Rosa una demanda en la que pidió la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), salió a cuestionar a la fiscala Iara Silvestre luego de que dictaminara que el juez federal de Santa Rosa debe rechazar ese pedido.
“La opinión de la fiscala, recientemente designada por el Gobierno nacional, excediéndose en la manda para la que se la convoca que es expedirse sobre la procedencia y competencia de la acción, demuestra una manifiesta parcialidad utilizando argumentos que exceden lo jurídico y que
manifiestan posiciones personales sobre el aborto, similares a las expresadas por funcionarios nacionales”, dijo el partido creado por Juan José Gómez Centurión.
“Su análisis contiene claras contradicciones, como por ejemplo afirmar que la ley 26.061 otorga legitimidad a colectivos (en este caso nosotros lo somos) para defender derechos de los niños, pero que se requieren casos concretos para su aplicación, desconociendo que desde la promulgación de la ley del aborto, existen diariamente múltiples casos en nuestra provincia al amparo de la misma, y que estos son claros casos de vulneración de derechos humanos que permiten a cualquier ciudadano y/o entidad reclamar por su cese”, afirmaron los dirigentes de NOS La Pampa.
“Arguye la fiscala entre otros argumentos que no puede otorgarse legitimación activa a un puñado de ciudadanos para suspender una ley del Congreso (manifestando que los actores somos los 10 integrantes de la junta directiva partidaria); desconociendo el principio básico de nuestro derecho,
que si la ley es inconstitucional con que la pida un solo ciudadano es suficiente”, indicó el partido.
“Con referencia a nuestra petición de suspensión de la norma (medida cautelar), manifiesta que no hemos acreditado peligro en la demora en suspender la ley, cuando es público y notorio que se están llevando adelante en nuestra provincia múltiples abortos legales, con la perdida por ende de la vida de cada niño abortado. La funcionaria Laura Soto, declaró públicamente que en la última semana de enero se efectuaron 31 abortos en La Pampa”, precisó el documento.
“Finalmente opina sobre el fondo de nuestra pretensión, excediéndose en sus facultades y demostrando claramente su opinión personal sobre el tema”, agregó el escrito que lleva la firma de María Isabel García, Omar Adrián Cayre, Gonzalo Baigorria, Alejandra Casajus, Martin Buteler, María de los Ángeles González, Analía Chanquía, Ricardo Siutti, Eduardo Davis, Sebastian García y Santiago Devoto.
¿Qué dijo la fiscala Silvestre sobre esta presentación de NOS? Que el Juzgado Federal debería rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que comenzó a regir a fines de enero. Además, pidió que no se le otorgue una medida cautelar contra esa norma. “La norma es compatible con el plexo normativo constitucional y convencional”, sostuvo.