El pueblo de Santa Isabel no logra salir de su crisis. En la próxima semana se analizará en el concejo deliberante si avanzan con la imputación a la intendenta Marta Paturlanne por irregularidades en su primer año de gobierno.
Guillermo Farana, el vice, dijo en diálogo con Diario Textual que no es un “traidor”, que no le interesa destituirla y que solo busca la “transparencia” en la municipalidad. También cuestionó a los diputados Leonardo Avendaño y Espartaco Marín que la semana pasada concurrieron a la sesión del concejo para respaldar a la jefa comunal.
“Quieren destituir a una compañera que fue elegida por el voto popular”, dijo “Tapera” Avendaño. Hoy, Farana le contestó. “Si supieran o consultaran sobre las irregularidades, no hubieran estado ahí. Es más, se reunieron con todos, menos conmigo”, se quejó.
Farana -docente y director de un colegio de Algarrogo del Aguila- integró la boleta de las elecciones de 2019, junto a Paturlanne. Desembarcaron en reemplazo del histórico José Luis Rodríguez, vencido en las internas.
Inmediatamente la relación se comenzó a resquebrajar: Paturlanne decidió, por resolución, aumentarse el salario, junto a los de los funcionarios. Pero el concejo deliberante rechazó ese incremento.
Paralelamente, la intendenta avanzó contra dos técnicos encargados del servicio de internet: los denunció penalmente y poco después fueron detenidos.
Ese fue la gota que colmó el vaso. Lo admitió hoy el propio Farana, en Diario Textual. “Ese fue el detonante mío. Hasta ahí llegué. Durante los primeros seis meses me callé, pero verlos que los acusaban injustamente fue lo que me colmó. Es gente conocida, respetada y compañeros de trabajo. Todo por una denuncia de Paturlanne…”, dijo.
En el concejo, a mediados del año pasado, se creó una comisión investigadora para poner la lupa sobre las supuestas “irregularidades” que estaría cometiendo la jefa comunal.
Paturlanne, en tanto, denunció al viceintendente: lo acusó de cometer incidentes violentos. Esas denuncias fueron desestimadas, según estableció la Justicia, por falta de pruebas.
Posteriormente, el 18 de noviembre del año pasado, Paturlanne fue suspendida en su cargo por el concejo -la mayoría de los ediles concurrieron al recinto y otra votó por teléfono-: se apoyaron en un informe de esa comisión investigadora -que estaba conformada por tres concejales, pero cuya acusación fue elaborada y presentada por solo uno de ellos-. “Fue un fraude armado por Farana y (los concejales de) Cambiemos. No podía votar por teléfono”, dijo la intendenta.
De esa manera, asumió Farana. Pero poco después, a raíz de un amparo de la intendenta, el Superior Tribunal de Justicia la restituyó en el cargo: la jefa comunal adujo que el concejo no estaba autorizado a funcionar en modo virtual y que una concejal votó por teléfono. Igual, por el momento no se resolvió esa cuestión de fondo.
Farana volvió a la carga cerca de Navidad: la denunció penalmente por presuntas irregularidades con fondos públicos. Ahora, en la última semana, el fiscal general Armando Agüero ha pedido documentación al concejo para analizar si avanza con la investigación.
En esa presentación, Farana la acusó de omitir, desde su asunción, la presentación de balances mensuales y rendiciones de cuentas (NdeR: posteriormente hubo balances que se presentaron). Tampoco remitió, en tiempo y forma, al Concejo Deliberante, la cuenta de inversión correspondiente al año 2019 (obligación que venciera en marzo de 2020) y denunció que no respondió numerosos pedidos de informes requeridos por el cuerpo deliberativo. Incluso la acusó de bonificaciones de tasas a sus allegados y de contratar a empleados en forma irregular.
Otra acusación tiene que ver con el pago de unos 80 mil pesos a un vecino por alquileres adeudados del lugar donde se estableció la sede partidaria del PJ, unidad básica de campaña, ajenos al municipio.
El lunes próximo habrá una sesión en la que se intentará aprobar el informe de la comisión investigadora. “Yo creo que se va a aprobar ese informe y se la va a imputar”, aventuró el docente. “Hay irregularidades o al menos presuntas irregularidades que merecen investigarse”, dijo.
-Hoy, a meses de lo ocurrido, ¿no fue desmedida la decisión de separarla del cargo?
-No, fue necesario tomar esa medida. Y fue injusto restituirla. Fue injusta porque la sesión (del concejo) se hizo como correspondía. Habíamos hecho una resolución en la que los dos bloques habíamos permitido que podíamos funcionar en forma presencial o remota. No hubo nada irregular.
-¿Cuáles son esas irregularidades que más le llamaron la atención?
-Por ejemplo, ahora que presentó algunos balances, en vez de boletas se presentaron recibos en negro. Hay un proveedor de San Rafael por 103 mil pesos. Todos con recibos.
-¿Qué trabajos o servicios informó ese proveedor?
-Es un mecánico. Supuestamente arreglar una camioneta que faltaba o había desaparecido (NdeR: una Chevrolet de la que la jefa comunal no había informado dónde se encontraba). Pero no presentó boletas. Solo recibos en negro.
-¿Qué más?
-Hay 480 pesos en panchos. Parece una broma, pero no. El colmo es el cobro de un estudio jurídico de Santa Rosa. Hicieron un acuerdo por 4 años. Establece un contrato por 2 millones de pesos, y en caso de rescindir, debe pagar la intendencia. Incluso ya hubo transferencias a cuentas bancarias de esos abogados.
-Hace unos días, fueron dos diputados peronistas, Leonardo Avendaño y Espartaco Marín, a respaldar a Paturlanne. Fue un fuerte respaldo a la intendenta.
-Yo no soy traidor. Yo soy peronista y asumí un compromiso al asumir: el de controlar y que la gestión sea transparente. Soy un funcionario público y, en ese marco, señalo cuestiono extrañas. Me molestó mucho que provincialicen la situación. Creo que los diputados, si se interiorizan de lo que pasa, se van a dar cuenta que se equivocaron. No se pueden dejar pasar por alto estas irregularidades. Yo me imagino que no deben saber de todas estas cosas… Todos sabemos que cuando hay errores, irregularidades, se deben denunciar donde corresponde.
-La intendenta sostiene que se demoró en la presentación de los balances porque, entre otros puntos, encontró una municipalidad desordenada y, encima, tuvo que afrontar la pandemia.
-Hasta el 30 de noviembre de 2019 los balances estaban presentados y aprobados. Si estaban mal o no, lo podemos discutir, pero estaban presentados. El tema es que, por ejemplo, no presentó balances, no promulgó las ordenanzas aprobadas y no respondió informes.
-Dice que Usted se quiere quedar con su sillón.
-Bueno, el sillón es de pueblo. No me quiero quedar con ese sillón. Mi idea no es destituirla. Que se aclaren las cosas y que determinen la Justicia.