Se reunió en el Salón de los Escudos de Casa Rosada la comisión que elaborará los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la represa Portezuelo del Viento. Mendoza cuestionó esa comisión, pero el resto de las provincias acordó avanzar.
Es una obra que resiste La Pampa: podría afectar la calidad y cantidad de agua del río Colorado.
La reunión fue presidida por el secretario de Interior de la Nación, José Lepere. También contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, además de los representantes de las cinco provincias integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco): La Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
Por la provincia de La Pampa, participaron el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y la fiscala de Estado, Romina Schmidt, única mujer entre los representantes provinciales.
El Ministerio de Ambiente realizó una propuesta de trabajo. Consiste en crear la comisión de común acuerdo entre las jurisdicciones, con el objetivo de colaborar con Coirco y elaborar, en ese ámbito, los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental.
Además, deberá realizar una posterior evaluación de ese estudio, que garantice la participación popular a través de la implementación de audiencias públicas a realizarse en las distintas provincias miembros de la cuenca y en el ámbito nacional.
“Celebramos la concreción de una mesa política que defina y concrete estas cuestiones”, afirmó Pérez Araujo. “Esta reunión se realiza en cumplimiento de lo requerido por los gobernadores de la cuenca, y nuestro trabajo es, ni más menos, que hacer cumplir la ley, que nos conmina a la realización de los correspondientes estudios y a garantizar la participación popular de manera previa a la concreción de la obra”.
Las representaciones de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, junto a la de La Pampa, expresaron su acuerdo con el avance del trabajo, mientras que la provincia de Mendoza se manifestó con dudas al respecto: insistió en la aprobación de los estudios parciales anteriores y con la necesidad de laudo del presidente Alberto Fernández. “Respecto de esos estudios anteriores, la Nación y el resto de las provincias hemos coincido en que resultan ser parciales, y que solo pueden utilizarse como información para el nuevo estudio”, concluyó Pérez Araujo.
La reunión concluyó con una solicitud expresa de La Pampa a Mendoza, que hasta tanto se concreten el estudio de impacto ambiental y su posterior evaluación, con garantía de participación popular, no se realicen acciones tendientes a la concreción de una obra que no puede avanzar en las condiciones imperantes actualmente.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibañez, luego de la reunión cuestionó la comisión. “Por un lado, porque el ámbito natural e institucional de debate es el Coirco, a través de su Consejo de Gobierno y Consejo Ejecutivo desde hace 44 años, en los cuales se evalúan y aprueban las obras de esta naturaleza con impacto en la cuenca”, justificó el funcionario. “En segundo lugar -dijo- esa comisión propuesta no puede adoptar decisiones que vayan contra aquellas que ya adoptó el Coirco, en lo referente a la aprobación de los estudios de impacto ambiental regional, ni de las normas de llenado y manejo”.
Asimismo, Ibañez señaló que, en relación con la propuesta de creación de una nueva instancia de seguimiento y evaluación ambiental, “se está colocando a esa comisión en un lugar donde no debe estar, con atribuciones que no le corresponden”.