Se realizó este viernes en el Centro Judicial de Santa Rosa una audiencia de conciliación entre entre la municipalidad de Toay e integrantes de la comunidad Chakra Raíz, que desde que desde hace años viven en una ecoaldea en la vecina localidad, y no hubo acuerdo entre las partes.
Por lo tanto, la demanda civil por desalojo contra el citado colectivo continuará tramitándose en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 2 hasta que se dicte una sentencia. El 4 de mayo la jueza María del Carmen García hará un reconocimiento del asentamiento.
La audiencia se hizo de manera presencial. Es por el juicio que inició la comuna para desalojarlos. ¿Por qué pretenden sacarlos de allí? Porque las tierras que ocupan son del Estado, que pretende construir allí casas sociales.
En representación de la comuna participó el propio intendente, Rodolfo Alvarez, quien no hizo ninguna propuesta para conciliar y expresó su voluntad de que la causa civil llegue a sentencia.
Chakra Raíz habita desde octubre de 2015 el predio en cuestión. Son una decena de familias que construyeron sus casas, sin contar con servicios públicos.
Los integrantes de la ecoaldea, frente a la denuncia penal, fueron procesados por el delito de usurpación de tierras. Sin embargo posteriormente los absolvieron.
Las autoridades municipales, con el exintendente Ariel Rojas a la cabeza, volvieron a la carga luego de la absolución firmada por la Justicia penal y presentaron una demanda civil. Por esta causa ahora fueron citados.
La jueza destacó la audiencia, pese a que no hubo acuerdo. “Creo que fue productivo reunirnos y que cada parte escuchara a la otra”, dijo García. “Acá hay un problema social. Yo tengo una serie de hechos y leyes, y en ese marco resolveré. Pero más allá de eso hay una realidad, donde hay niñas y niños con derechos. Por eso les voy a pedir encarecidamente a los abogados que trabajen juntos para llegar a un acuerdo. Y un acuerdo no es que el ciento por ciento de lo que cada parte pretende, sino un punto de encuentro entre ambas posturas”, expresó.
García, ante la falta de conciliación, informó que avanzará con la demanda y anunció, como medidas de prueba, una visita in situ el 4 de mayo a las tierras en disputa ubicadas en Toay y una audiencia por Zoom para el 5 donde solo declararán presencialmente los testigos.
A la audiencia de hoy asistieron el intendente de Toay, Rodolfo José Álvarez, y el abogado del municipio Guillermo Galcerán; el abogado de los demandados, Iván Gabriel Alarcón Burgos y nueve integrantes del colectivo (Anahí Montes Saavedra, Gabriela Sosa, Jimena Sol Gutiérrez, Ana Carolina Peralta, Marco Aurelio Brevi, Ricardo Wagner, Gastón Balbo, Santiago Castellani y Javier Loisa); la defensora oficial Ana Carolina Díaz; el director provincial general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Oscar Lofvall; y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca.
La comuna arguye que existe un ocupamiento ilegal de las tierras situadas entre las calles Catamarca, Rivera, San Luis y Cabilido, en Toay, y que ellas deben serles restituidas. Chakra Raíz, en cambio, sostiene que llevan cinco años y medio allí –dijeron que no se trata de seis manzanas como figura en la demanda, sino de dos–, que no deben restituir el inmueble y, amparándose en la ley 27453 de Régimen de regularización dominial para la Integración socio urbana, que están reconocidos como un barrio popular por el Registro Nacional de Barrios Populares.
En el inicio de la audiencia, Galcerán afirmó que “no hay ninguna posibilidad de arreglo” y pidió, en nombre del municipio, que el conflicto se resuelva a través de una sentencia. “El inmueble -dijo- está afectado a la construcción de casas, o sea a un servicio público. No se puede convalidar la ocupación, permitiendo la compra de las tierras o entregando otro inmueble, porque esto empieza con Chakra Raíz y no sabemos cómo termina. La municipalidad pretende que se dicte una sentencia para tener en claro si estas conductas están o no permitidas”.
Burgos, a su turno, contestó que tenían “la certeza” de que Toay no haría ninguna propuesta.
Ante esa respuesta, Montes Saavedra manifestó que siempre se acercaron al municipio y le llevaron un proyecto para construir viviendas y habitar un espacio que es un pulmón verde y un lugar de recarga del acuífero. “Permanentemente intentamos alcanzar un acuerdo y también dijimos que estamos dispuestos a pagar las tierras como se abonan las viviendas sociales. Ya pasamos un juicio penal (NdeR: fueron absueltos por el delito de usurpación), constituimos casas, hicimos una perforación, instalamos un molino para proveernos de agua y colocamos pantallas solares. No hablamos de palos y plásticos como techos…”, dijo.
Inmediatamente Balbo agregó: “Siempre manifestamos que no queremos nada regalado. Acá se discuten derechos humanos y a la vivienda, que están garantizados por la Constitución y los pactos internacionales”. Y rescató que desde el Poder Judicial se promoviera la audiencia para que las partes estuvieran frente a frente.
Por su parte, Meaca, Lofvall y la defensora Díaz subrayaron la necesidad de que exista diálogo entre la Municipalidad y el colectivo para llegar a un acuerdo. Meaca dijo que se analizará el alcance de la ley 27453, que se están violando derechos de los niños que viven allí (alrededor de 15) y solicitó que se le brinde al colectivo el servicio de luz. Lofvall resaltó que desde el Estado provincial “intervinimos en forma primaria y directa, supervisando y acompañado al área de Niñez del municipio y trabajando con nueve familias. Hoy, en general, no existen derechos vulnerados dentro de la comunidad, sí hay dos casos que están resolviéndose (a un niño le faltaba darse vacunas y otro está en un proceso de reinserción escolar). Sí concuerdo con Meaca en la falta de accesos a servicios esenciales como la luz”.
A su vez, Díaz sostuvo que “el Estado no puede quitarse la responsabilidad de proteger derechos de niños y adultos ya que el agua y la luz son derechos humanos. Por eso, en el ‘mientras tanto’, y más allá de cuál sea la sentencia, no puede de dejar de prestar colaboración para que accedan a esos derechos básicos”.
Álvarez y Galcerán le respondieron a la defensora oficial. El intendente le pidió que “no nos acuse de algo que no es específico del juicio”; mientras que el abogado calificó de “aventurado e irresponsable decir que existe una responsabilidad del municipio, cuando sus autoridades concurrieron en innumerables oportunidades al lugar”.
