El diputado nacional por el Frente de Todos José Luis Gioja presentó un proyecto de ley que limita los incrementos de tarifas de servicios públicos para usuarios residenciales y pymes, al tiempo que declara la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2022.
La presentación del legislador se da en medio de una interna dentro del oficialismo entre las posturas de mantenimiento de subsidios a los servicios públicos y la actualización de tarifas por el atraso presupuestario.
El presidente Alberto Fernández había anunciado, hace cerca de diez días, que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que se pueda segmentar a los consumidores para el pago de las tarifas e insistió en que no quiere sumarle más problemas a la gente.
En esa línea se enmarca la iniciativa del sanjuanino Gioja al plantear la creación de un “Régimen general de tarifas de servicios públicos de competencia nacional”, que deberán ser “justas, razonables y transparentes”, y establece como criterio que en ningún caso los aumentos podrán ir por encima que lo que marque el índice que mide la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria correspondiente.
La iniciativa prevé la creación del Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social, que implica la conformación de un cuadro tarifario diferencial para jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros beneficiarios.
De acuerdo al texto, las tarifas de servicios públicos se fijarán o modificarán con participación previa y no vinculante de asociaciones de usuarios y consumidores, del Defensor del Pueblo de la Nación y de organismos de control.