En Quemú hay desconcierto y cierta bronca. Hoy los abogados de varias víctimas de estafas del financista Cristian Hecker se enteraron por Diario Textual que un juez decretó la quiebra de una de sus empresas: H&C Finance S.A.
El pedido de quiebra fue pedido por una acreedora de Barón, S.R. Pero perjudicó a decenas de otros acreedores que estaban haciendo gestiones judiciales para cobrar -incluso algunos ya habían empezado a conseguir pagos parciales-.
“La quiebra de H&C Finance complica ahora el cobro. Es que es una empresa que no tiene bienes”, dijeron a Diario Textual fuentes conocedoras del caso que ha conmovido a la localidad. “¿Cómo van a cobrar ahora los acreedores de esa firma? Es diferente a la situación de otros acreedores, que reclaman dinero, por ejemplo, a Hecker y su madre. Ellos sí tienen bienes a cargo”.
¿Entonces por qué pidió la quiebra la acreedora de Barón? “Se la han presentado sus abogados, para regular y cobrar honorarios”, especularon. “La acreedora, en tanto, no cobrará ni medio centavo”.
La mayoría de los afectados por H&C Finance S.A. son vecinos de Colonia Barón, Winifreda y Catriló. También hay algunos de Quemú. Sin embargo, el grueso de los estafados de este último pueblo lo hicieron con contratos o acuerdos individuales con Cristian Hecker -un hombre de 40 años que estudió Ciencias Económicas en la UBA- y su madre Yolanda Isabel Martín -una reconocida maestra, ya jubilada, de 73 años-.
Los dos fueron condenados a fines de febrero a tres años y seis meses de prisión y a tres años de prisión, respectivamente.
Las estafas ocurrieron entre enero y abril de 2020, en virtud de contratos de plazos fijos denominados “Contrato de préstamo de consumo – mutuo”, celebrados entre la firma HC Finance SA -o individualmente con Hecker y su madre- y los denunciantes.
Las víctimas habían confiado en la solvencia y promesa de Hecker y por ello entregaron su dinero para depósitos en plazo fijo. A cambio, Hecker les entregó, en algunos casos, cheques en garantía de una cuenta del Banco Nación, con titularidad suya y de su madre. En otras oportunidades había dado pagarés, firmados por su madre. Pero cuando los clientes quisieron retirar el dinero, más los intereses, Hecker no les devolvió el dinero y alegó que tuvo problemas financieros. En Quemú y la zona dejó el tendal.
Se logró acreditar la existencia de 768 operaciones financieras por un total de 220.723.313 de pesos y 2.211.704 de dólares.
Hasta el momento de la sentencia de febrero, sin embargo, solo fueron denunciadas 231 operaciones en perjuicio de 158 denunciantes: el monto asciende a los 75.307.447,28 pesos, 934.641,71 dólares y 11.604,79 títulos dólares linked.
Paralelamente, algunas de las empresas siguen funcionando. Es el caso de Dos Banderas -que fabrica tanques de agua-, Pampa Tech -empresa de videovigilancia- y de Piletas Tropical -que hace piscinas de PVC-.
La quiebra de H&C Finance fue firmada el 3 de mayo por el juez Carlos María Iglesias, a cargo del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras , con sede en Pico.
Entre otros puntos, el juez estableció que la empresa quedó “desapoderada de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha del presente auto y de los que adquiriese hasta el cese de su inhabilitación, (arts. 88 inc. 1º y 107 ) salvo los bienes excluidos por el art. 108”.
Además, ordenó “la inmediata incautación de los bienes, libros y papeles del fallido, la que se llevará a cabo a través del Juez de Paz de la localidad de Quemu Quemu (art. 177 primer párr.), con habilitación de días y horas inhábiles, y autorización para el uso de la fuerza pública, allanar domicilio y requerir los servicios de un cerrajero”.
“El Juez de Paz -agregó- deberá efectuar descripción e inventario a realizarse en dos ejemplares de los cuales uno se agregará a los autos y el restante se entregará al síndico (art. 177 inc. 2º), designando depositario a quien allí se encuentre, debiendo incautar libros y papeles y ponerlos a disposición del Síndico”.
“Asimismo, deberá constatar las condiciones de ocupación del inmueble, identificando a sus ocupantes y en qué carácter lo hacen. En caso de oficinas, de no responderse a sus llamados, deberá proceder a su clausura y fijar las fajas correspondientes, estableciendo consigna policial/seguridad en caso de considerarlo necesario”, sostuvo.