El senador Juan Carlos Marino (UCR – La Pampa) planteó en la última sesión del Senado el pronto tratamiento de una de sus iniciativas, ya presentada, y que dispone la entrega de un detector de monóxido de carbono, con precio preferencial, al comercializarse artefactos que generen el mencionado gas.
El senador pampeano afirmó que en el artículo 1 de su proyecto se establece que la comercialización de artefactos que puedan generar monóxido de carbono, deberá realizarse entregando conjuntamente, con precio preferencial, un detector de monóxido de carbono. En los casos que corresponda, se proporcionará asimismo, un detector de gas.
Y en su artículo 2, estos detectores deberán estar certificados por algún organismo avalado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y en cada unidad deberá constar de manera claramente visible la fecha de caducidad del mismo.
La iniciativa de Marino, además, plantea la obligatoriedad de constatar la existencia de un detector al momento de realizar la habilitación de una instalación de gas y, además, crea un programa de prevención y concientización sobre las intoxicaciones por monóxido de carbono.
“El monóxido de carbono es un gas peligroso porque al carecer de olor, sabor y color, no es detectable a través de los sentidos. Tampoco irrita los ojos ni la nariz. Según el Ministerio de Salud, se estima que ocurren alrededor de 40.000 intoxicaciones por monóxido de carbono por año, la mayoría prevenibles y evitables, y que aproximadamente 250 de ellos terminan en muerte”, expresó en la sesión.
Y agregó: “Sin ir más lejos, hace pocos días en la provincia de La Pampa debimos lamentar el fallecimiento de una familia completa por esta causa. Con un simple dispositivo, gran parte de esos hechos e intoxicaciones podrían evitarse”.
En la misma sesión, Marino hizo uso de la palabra al momento de dar tratamiento al proyecto de Educación Ambiental, que resultó finalmente sancionado como ley.
La Ley de Educación Ambiental, incluye la temática del cuidado del medioambiente en la currícula escolar y establece el derecho a la capacitación en esta materia como política pública en todo el territorio nacional.
“Presentamos un proyecto de Educación Ambiental, y acompañamos el texto tratado en el recinto, porque estoy convencido que es momento de cambiar la relación que tenemos con el medio ambiente. Gratamente podemos decir que alcanzamos un consenso pleno, federal. La legislación, fundamentalmente en lo relacionado a la educación, debía acompañar un proceso de cambio que, de manera lenta y acotada lamentablemente, se va dando en distintos ámbitos de nuestra vida como país. Es cierto que falta mucho por hacer y que el tiempo apremia. Las sequías, los incendios forestales y las inundaciones, por citar algunas de las contingencias que han afectado distintos rincones de nuestro territorio en los últimos años, son señales inequívocas de que debemos hacer más y que debemos empezar ahora”, remarcó.
Y fundamentó que ese cambio debe ser impulsado desde el Estado, apoyado en una legislación actualizada e integral, donde la educación es el eje fundamental. “Y no solo la educación escolar, muy importante desde ya, sino que creemos que todos los argentinos, sin importar dónde vivamos o si somos mayores o menores, tenemos el derecho a complementar nuestra formación con contenidos relacionados al cuidado del medioambiente. Eso buscamos cuando trabajamos en el proyecto junto a destacados especialistas y eso comenzamos a lograr hoy”, sostuvo.
