Finalmente, la Fiscalía de Estado de Mendoza recibió hoy un pedido para que impida la adjudicación de la obra de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.
La solicitud fue firmada por un grupo de abogados mendocinos que, anteriormente, se habían mostrado a favor de la obra pero ahora sostienen que es inviable: el exministro de la Corte mendocina Alejandro Pérez Hualde, y los letrados especialistas en Derecho del Agua Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino. Ellos quieren que el fiscal de Estado, Fernando Simón, impida «el grave daño inminente» de la adjudicación y contratación de Portezuelo y advierten sobre «el severo riesgo de daños al patrimonio público» de Mendoza.
Llamativamente usan la mayoría de los argumentos que viene esgrimiendo La Pampa, la principal provincia que se opone a la represa. Entre ellos, que la generación de energía será muy inferior a la estimada y que no se puede realizar porque hay una crisis hídrica que, en medio del cambio climático, vino para quedarse.
Los cuestionamientos son varios: que haya una sola oferta para realizar la obra hídrica, los precios que pretende cobrar la oferente, la «disminución sensible del caudal del río Grande en los últimos años», el rechazo de las provincias del Coirco y los reclamos de provincias limítrofes.
También agregan como motivo «los procesos ante la Corte» nacional de las provincias limítrofes y su admisión por parte del alto tribunal, que podrían provocar una alteración e incluso una «interrupción» de la ejecución de las obras.
«El conjunto de objeciones y de riesgos ciertos que surgen de los hechos expuestos constituyen un entorno que convierte a la obra en un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial», señala el pedido al fiscal de Estado, que también solicita que participen del análisis del emprendimiento «las fuerzas que han manifestado preocupación».
Indica además el escrito que este es el momento adecuado para frenar la licitación porque el proceso «hasta el momento no ha generado derechos adquiridos» y advierte que el fiscal de Estado debe requerir «la declaración de fracaso de la licitación pública».
En un anexo, los abogados consideran que en la mejora de la oferta solicitada al consorcio Malal-Hue hubo «un exceso en el ejercicio de la razonabilidad administrativa» por parte del Gobierno.
También afirman, entre otras cosas, que la generación de energía será muy inferior a la estimada: entre el 24% y el 74% de los de los 887 GWh/año previstos.
Por otra parte, el diario MDZol publicó que la embajada argentina en China negoció con la empresa Sinohydro las condiciones de los pagos en dólares, para que la empresa finalmente concretara una mejora en la oferta económica.
Este miércoles, el consorcio Malal-Hue UTE -encabezado por Sinohydro- presentó la mejora de oferta: es del 22,61% inferior a la propuesta inicial, es decir, unos 200 millones de dólares menos (la propuesta económica de Malal Hue inicialmente había sobrepasado en 394.271.319,69 dólares los 884.042.000 dólares establecidos en el presupuesto oficial).
«Una gestión de altísimo nivel diplomático argentino contribuyó para que Rodolfo Suarez lograra salvar la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento que estuvo al borde del naufragio en los últimos días», resaltó «Esto, ante la negativa cerrada de la empresa china Sinohydro, cabeza del proyecto, a realizar una mejora en la oferta económica en el marco del proceso para que, finalmente, la provincia pudiera hacer cuadrar los costos de la obra con el presupuesto disponible», añadió el mismo diario.
«En ese sentido -continuó- el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, estuvo reunido a principios de esta semana con los directivos de Sinohydro en ese país para garantizarle a la empresa asiática que no iba a enfrentar problemas con el tipo de cambio y que los pagos se iban a realizar en dólares, principal motivo por el cual Portezuelo había quedado a un paso de no seguir».
La movida diplomática tiene un trasfondo: Alberto Fernández -que públicamente ha dicho que la obra no se hará si no hay acuerdo entre las provincias- ahora habría respaldado la construcción de la represa. Los motivos serían varios. «Por un lado (y así se lo transmitió a Suarez en su última visita a Mendoza) el presidente aparece como decidido a seguir adelante con lo que hoy es uno de lo proyectos de inversión en obra pública más importantes de la Argentina. También, porque la provincia y la Nación son socios en el salvataje financiero de IMPSA, la empresa mendocina que es parte medular en este negocio», destacó.