El incendio de la estación transformadora de Guatraché en noviembre de 2018, que costó al Estado una reparación de 9 millones de dólares, sigue provocando desplazamientos y despidos. Primero fue echado, por su responsabilidad política, el entonces titular de la Administración Provincial de Energía (APE), Gonzalo Marcos. Y ahora la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), con dos resoluciones, recomendó a la Secretaría de Energía que eche a otros dos empleados de planta, Martín Fontanillo y Daniel Juárez. Fontanillo, incluso, había quedado a cargo de APE cuando lo echaron a Marcos.
La caída de un rayo destruyó en la madrugada del viernes el 9 de noviembre de 2018 la estación transformadora de energía de Guatraché, dependiente de APE.
El fuego se inició luego de que los “servicios auxiliares” de corriente continua -que trabajan con baterías de 110 voltios- no funcionaran y así no se permitió la activación de los diagramas de seguridad. La descarga fue despejada por las protecciones de respaldo en 132 kV aguas arriba. Por este motivo la falla siguió alimentándose durante 6 minutos, lo que produjo el incendio de la barra de 13,2 kV, la avería de los dos transformadores de potencia, equipos de maniobra, cables de potencia y circuitos de comando.
Las roturas que causó el fenómeno climático fueron totales, al punto que sólo quedaron a salvo las cuatro paredes externas del edificio.
Diario Textual reveló en exclusiva, a pocos días del incendio, que todo habría sido producto de la negligencia. Ahora, con estas resoluciones, se terminó de confirmar.
Según peritos citados por el fiscal, «el costo estimado de la refuncionalización de la ET 132 kV Guatraché ascendió a u$s 9.000.000».
Un año después del incendio, en 2019, fue echado Gonzalo Marcos. En su lugar asumió el empleado de planta y entonces gerente de Explotación, Martín Fontanillo. Precisamente uno de los que fue apuntado ahora por el fiscal. El otro es Daniel Juárez.
Según la investigación del fiscal Juan Carlos Carola, el 3 de noviembre de 2018, es decir casi una semana antes del incendio, ocurrieron “perturbaciones” en las líneas Guatraché – Pigüé y General Acha – Guatraché, que si bien no tienen relación entre ellas, “pusieron de manifiesto fallas en el sistema de servicios auxiliares, en la parte de corriente continua y en el rectificador cargador” de la ET.
Recién tres días después, el 6 de noviembre, el personal de Telecontrol realizó trabajos de revisión y verificación de los circuitos de señalización y los comandos de corriente continua y la revisión del banco de baterías. Esos trabajadores detectaron que algunas de las baterías se encontraban próximas a su vida útil, de 20 años. Así, iniciaron la tramitación del sistema de licitación para el recambio del banco de baterías.
El entonces jefe de Servicios Auxiliares, Daniel Juárez, no consignó expresamente en el parte diario de novedades la necesidad de cambiar las baterías.
Sin embargo, quedó acreditado que Fontanillo estaba al tanto. Incluso por constancias de pedidos de cotización de baterías a un proveedor.
¿Por qué no compraron las baterías inmediatamente? Los trabajadores pretendían comprar baterías de autos en Guatraché, pero no los dejaron: Fontanillo no los autorizó porque prefirió pedir a un proveedor baterías originales, según se indican en las resoluciones del fiscal.
Un rayo, finalmente, provocó el incendio el 9 de noviembre. La destrucción fue total.
Posteriormente, el 16 de noviembre, se emitió la orden de compra de “10 Baterías 12×75 Free y 20 Terminal emergencia naftero”. «Es decir, que gestionaron la compra con posterioridad al incendio, cuando debieron hacerlo inmediatamente al tomar conocimiento del mal funcionamiento el día 3 de noviembre de 2018», sostuvo el fiscal.
Un perito sostuvo que, desde el punto de vista de la actuación del personal técnico de la APE, la misma fue correcta, y que si bien el ingeniero Gonzalo Marcos había tenido que renunciar no había sido el culpable directo de la perturbación ocurrida, sino «la mancomunión de fenómenos atmosféricos (descargas eléctricas sumamente importantes) y fallas en el sistema de servicios auxiliares que no permitieron la actuación de las protecciones en el tiempo adecuado».
«Si pretendemos encontrar un responsable en el organigrama de APE -agregó- sería el Ing. Daniel Juárez, quien tenía a su cargo el mantenimiento de Servicios Auxiliares».
Entre otros problemas, en la estación encontró «faltas de equipamiento de vieja data, como carencia de aire acondicionado en la sala de baterías y rectificador cargador y falta de enlace de varios parámetros que a través del Sistema Scada permita visualizar permanentemente los mismos al personal que opera el Telecontrol en el Centro de Operaciones del Sistema Interconectado Provincial y que hubiera evitado o al menos manifestado la falla en el sistema de Servicios Auxiliares con anticipación».
El fiscal acusó a Juárez no concurrir a Guatraché con la premura que ameritaba. Según dijo, el primer fallo fue el sábado 3 y recién viajó el martes 6; expresó que ante la comprobación de que efectivamente existía una falla, no gestionó una solución inmediata aunque la misma implicara ser provisoria; no realizó la compra urgente de baterías provisorias; no informó el martes 6 las novedades a fin de su registración en el parte diario correspondiente; y no dio aviso formal y fehaciente a sus superiores (lo hizo vía telefónica pero sin asentar la falla en un parte diario).
En su defensa, el ingeniero dijo que había viajado con la inmediatez que las circunstancias ameritaban y que la propia burocracia le permitía, dado que trabajaba de lunes a viernes en horario de administración pública en Santa Rosa y no gozaba de adicional por turno rotativo y que, además, necesitaba un permiso de viático. Incluso agregó que la concurrencia a la ET de Guatraché no ameritaba ninguna premura, puesto que «con las comunicaciones telefónicas y virtuales (…) habían sido suficientes para determinar que existía un problema en el banco de baterías y que era necesario su recambio».
En cuanto a la demora en la compra de las baterías, también la adjudicó a cuestiones burocráticas, como la necesidad de contar con autorización para realizar compras.
Para la FIA nada de eso le quita la responsabilidad. De hecho, aseguraron que no pidió permiso de viático para el viaje del martes 6 y que la compra de las baterías, una vez ocurrido el incendio la realizó él mismo a un proveedor de Santa Rosa.
La FIA también le apuntó a Fontanillo, superior a Juárez. “Independientemente de la responsabilidad personal del agente que no informó ni registró las novedades en el parte diario, (Fontanillo) como Gerente de Explotación estaba en conocimiento de la situación. Lo que implicaba que debía tomar las medidas que su cargo le imponen, y dar una solución efectiva y adecuada en relación a la importancia del equipamiento que se encontraba con desperfectos”, sostuvo el fiscal en su resolución.
“Queda acreditado con los testimonios transcriptos, que el Departamento de Servicios Auxiliares y Comunicaciones depende de la Gerencia de Explotación. Quedó asimismo acreditado que el Ing. Fontanillo estaba en conocimiento de las fallas del banco de baterías. En consecuencia, como funcionario a cargo, debió extremar el control y los cuidados a fin de que se resuelva el problema respecto del banco de baterías de la ET Guatraché en un tiempo oportuno, y con la urgencia que se requería dada la importancia que revisten los servicios auxiliares de corriente continua. Se desprende de las constancias de autos que los servicios auxiliares de corriente continua funcionaban de manera intermitente”, sostuvo.
“Como Gerente de Explotación, el imputado tenía amplias facultades para gestionar la compra de baterías provisorias para dar una solución inmediata al funcionamiento intermitente se los servicios auxiliares de corriente continua en la ET Guatraché, como así también de dar las órdenes al Jefe del Área para que realice esta acción”, manifestó el fiscal Carola. “Aún cuando estimara que no podía personalmente efectuar la compra, debió instar los mecanismos correspondientes, de modo formal y fehaciente, solicitando la compra urgente debido a la importancia que revisten los servicios auxiliares de corriente continua para el correcto funcionamiento de la Estación Transformadora de Guatraché y la prestación del servicio público de energía eléctrica”.
Juárez, en tanto, no consignó la necesidad de compras de baterías en el parte diario. Pero era algo que sabían todos. “Si bien es cierto que se omitió consignar en forma expresa que se confirmaba la avería en las baterías y la necesidad de cambio, ello fue una mera omisión, sin ningún tipo de consecuencias, ya que todo el personal del APE estaba en conocimiento de la necesidad del cambio de baterías”, dijo un empleado, de testigo.
“(Juárez) como Jefe del sector con título habilitante, su actuación fue negligente”, expresó el fiscal. “No podía permitir el funcionamiento intermitente de los servicios auxiliares de corriente continua por ser éstos esenciales para el funcionamiento de la ET Guatraché, y por la importancia que reviste para la sociedad en su conjunto la correcta prestación del servicio público de energía eléctrica”, dijo.
Ahora, con estas resoluciones, se descuenta que la Secretaría de Energía echará a los dos empleados.