La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este martes la ley de etiquetado frontal de alimentos, que obliga a las empresas a informar los nutrientes críticos en los envases de los productos con octógonos negros y visibles, después de dos años de tratamiento y una fuerte presión de la industria que casi se sale con la suya.
El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado hace un año, se aprobó con 200 votos positivos frente a 22 negativos y 16 abstenciones. Si bien la mayoría de los legisladores apoyó en términos generales la iniciativa, varios plantearon objeciones y se abstuvieron de votar algunos de sus artículos. Otro grupo de diputados –en su mayoría de Pro– rechazaron la iniciativa por considerar que el esquema de octógonos previsto en la iniciativa resulta “hostil y estigmatizante” y que, en lugar de propender hacia una educación en materia alimentaria, impone censuras y prohibiciones.
Además, rechazaron el plazo de un año por las empresas para adaptarse, que se extenderá a dos para las pymes y el presidente podrá prorrogarlo un año más entre el tiempo de reglamentación y la facultad que le otorga la ley para estirarlo si así lo considera.
El lobby industrial estuvo cerca de salirse con la suya: el proyecto comenzó a debatirse y fue aprobado en el Senado el año pasado, en noviembre tuvo las primeras audiencias en Diputados y si no se sancionaba antes del 30 de noviembre perdía estado parlamentario y había que empezar de nuevo.
El oficialismo, en la voz de la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, defendió la iniciativa y retrucó los cuestionamientos a la ley, al enfatizar que no prohibirá la comercialización de ningún producto.
“Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y en garantizar los derechos de todos los argentinos. El octógono negro de advertencia es la forma más eficaz de comunicar la presencia o ausencia en nutrientes críticos en los alimentos. Hoy estamos rodeados de productos ultraprocesados con exceso en grasas, sal y azúcares. Las etiquetas son engañosas y a veces ilegibles; los consumidores tienen el derecho a saber qué es lo que está consumiendo e ingiriendo”, enfatizó la legisladora, quien advirtió que el 66% de la población en nuestro país tiene sobrepeso y el 32% padece obesidad, mientras que el 42% sufre presión alta.
En la misma línea, la diputada oficialista Liliana Schwindt enfatizó que esta ley es de salud pública, pues apunta a prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. “Constituyen una pandemia silenciosa”, advirtió.
En la vereda contraria, los diputados Carmen Polledo y Alejandro García, de Pro, anticiparon fuertes críticas al proyecto. “Comparto la idea general del proyecto de promover una alimentación saludable de los productos que consume la población –sostuvo Polledo–. Su objetivo es poner en cada paquete un octógono negro por cada nutriente crítico que excede el límite sugerido y prohibir que se informen sobre las cualidades positivas que este contenga. Hay una posición de fanatismo de imponer de que hay una sola forma posible de etiquetado, cuando no la hay», dijo.
La bancada de Juntos por el Cambio se mostró dividida. Mientras el grueso del radicalismo y de la Coalición Cívica apoyaban la iniciativa, la mayoría de los diputados de Pro se inclinaba por votar en contra.
“Es una iniciativa que busca dar paso a una transformación en los hábitos alimentarios para hacerlos más saludables -destacó la radical Brenda Austin-. De más está decir que la etiqueta actual es absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y la mitad de los que la leen las entienden”.
Desde la Coalición Cívica, Mariana Stilman dijo que esta ley, de ser aprobada, va en línea con lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. “Venimos a cumplir con el mandato constitucional que propicia el derecho a la alimentación saludable, información adecuada y veraz y libertad de elección y de los consumidores”, sostuvo.
Desde Pro, una de las pocas voces a favor del proyecto fue la de la diputada Gisela Scaglia. “Hoy las etiquetas son algo similar a un jeroglífico: tipografía pequeña casi ilegible. Este rotulado va en contra de nuestro derecho constitucional a la salud y al acceso a la información. Hoy vamos a cambiarlo para empezar a ser conscientes de lo que consumimos y terminar con el engaño”, enfatizó.
En términos generales, el proyecto de ley propone regular el etiquetado de los alimentos envasados al incorporar un esquema de rotulado que advierta cuando un determinado producto tenga exceso de nutrientes críticos en cinco categorías: grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y/o calorías. Para definir el umbral por sobre el cual se considera que un producto tiene nutrientes “en exceso”, la ley tomó como referencia el perfil de nutrientes diagramado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que establece parámetros de consumo y alimentación.
Según esta iniciativa, las bebidas y los alimentos procesados deberán llevar octógonos negros de al menos un 5% del tamaño de la cara principal del envase cuando su composición supere un umbral mínimo en cada uno de estos componentes. Es decir, puede llevar uno o más sellos negros.
El objetivo es que el consumidor reconozca una advertencia sobre las características del producto. Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020) son los países de la región con esquemas de advertencia similares al que se propone localmente.