El diputado provincial Martín Ardohain (PRO) solicitó que el Ministerio de la Producción de La Pampa informe en la Legislatura sobre la compra de la planta industrial de la ex Calzar. Pretende conocer los estudios y/o informes técnicos que aconsejaron la resolución de la compra del edificio y los criterios de valuación para determinar el precio.
El pasado 10 de noviembre, el gobernador Sergio Ziliotto anunció un acuerdo con Topper para la compra de la planta de Alpargatas -ex Calzar, en Santa Rosa- por 1,2 millones de dólares. La fábrica está cerrada desde septiembre de 2018.
El objetivo es recuperar infraestructura productiva ociosa, ponerla en actividad para motorizar la economía y generar nuevos empleos a través de la búsqueda de inversores privados, comunicó el Gobierno.
Ardohain explicó en qué se basó para elaborar el pedido de informe. “De acuerdo al comunicado oficial, donde se expresa que el inmueble en manos del gobierno provincial mejorará considerablemente la viabilidad de un emprendimiento productivo debido a que la amortización de la inversión en infraestructura, que estará sujeta al financiamiento estatal en un monto menor a su valor de mercado, a largo plazo y con tasas subsidiadas, nos surge la necesidad de solicitar los estudios y/o informes técnicos que aconsejaron la resolución de la compra del edificio y los criterios de valuación para determinar el precio abonado”, dijo.
“Teniendo en cuenta que a través de la Ley n° 3303 se creó el Fideicomiso de Garantías Pampeanas (FoGaPam) que permitirían garantizar la inversión de un emprendimiento privado, ¿cuál es la justificación para que sea el Estado provincial quien a través de una ley especial otorgue financiamiento a largo plazo y con tasa subsidiada?”, preguntó.
El diputado opositor consideró que sería oportuno que se informe también si a la fecha existen proyectos de inversión en análisis y cuál será el criterio para su adjudicación, en caso de que fueran más de uno, los que pugnarán por su uso y/o explotación.
“En momentos de gran incertidumbre económica, se afecta con esta decisión el destino de muchos recursos y a la luz de los resultados de otras operatorias, como fue el caso del crédito a la firma Montenegro, nos obliga a estar atentos e informados respecto de las circunstancias, condiciones y procedimientos que justifican este tipo de acciones de gobierno”, agregó.