La Mesa de Juntos por el Cambio de La Pampa dijo que la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que encabezarán dirigentes de organizaciones sociales y políticas, entre ellos kirchneristas, es un «acto de sedición» que «violenta» las instituciones deel país.
Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial marcharán este martes 1° de febrero a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia. En Santa Rosa se concentrarán en la plaza San Martín.
Uno de los reclamos es, precisamente, contra la «connivencia» entre jueces y fiscales y dirigentes de Juntos por el Cambio para armar causas y perseguir a opositores durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2020).
Ahora la flamante Mesa de JxC de La Pampa cuestionó esas manifestaciones. «El llamado a esta marcha con el objeto de echar, destituir o pedir la renuncia de los jueces del más alto Tribunal del país, cabeza de uno de los tres poderes del Estado y pilares de nuestro sistema de gobierno, constituye un agravio inaudito a la institucionalidad del país, inspirado en intereses parciales de la burocracia política que cuenta con el insólito apoyo del Gobierno Nacional y hasta de integrantes del propio poder judicial», expresó.
El documento es el siguiente:
Sumamos nuestra voz y expresamos la profunda preocupación por la movilización anunciada para el martes 1° de febrero, con el objeto de echar y exigir la renuncia de los miembros del máximo Tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de un acto sedicioso que desconoce y violenta el mandato de la Constitución Nacional y de las leyes, que establecen los mecanismos para la designación y remoción de los tres poderes del Estado. En el caso de los miembros de la Corte, su remoción debe ser resuelta por el mecanismo del juicio político cuyo impulso es exclusivo de la Cámara de Diputados de la Nación, que actúa como acusador ante el Senado quien debe juzgarlos en un juicio público.
Toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete el delito de sedición porque según la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades, por ella creadas. El llamado a esta marcha con el objeto de echar, destituir o pedir la renuncia de los jueces del más alto Tribunal del país, cabeza de uno de los tres poderes del Estado y pilares de nuestro sistema de gobierno, constituye un agravio inaudito a la institucionalidad del país, inspirado en intereses parciales de la burocracia política que cuenta con el insólito apoyo del Gobierno Nacional y hasta de integrantes del propio poder judicial.
Una movilización que entristece porque revela el grado de anomia, desborde y falta de rumbo del país, y al mismo tiempo una comunidad nacional que exhibe niveles sorprendentes de resiliencia que los actores políticos y sociales debemos preservar denunciando activamente los ataques a la convivencia civilizada que frenan el progreso y la realización nacional.
Diego Marcantonio (UCR) Enrique Juan (PRO) Leonado Anania (MID) José Vázquez (MoFePa) y Miguel Solé (Peronismo Republicano)