Integrantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas de La Pampa se movilizaron este martes por la tarde en Santa Rosa, en reclamo de la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pedido por la «democratización» y la «reforma» de la Justicia y para exigir «el fin del lawfare».
También cuestionaron que los jueces no obligan a Mendoza a cumplir los fallos para que liberen agua del río Atuel y le apuntaron al juez federal santarroseño Juan José Baric, al que señalaron como parte del engranaje de espionaje ilegal.
«Baric está acusado de cablear y plantar micrófonos en una cárcel de la provincia de Buenos Aires para poder ramificar y potenciar las persecuciones», dijeron en un documento que leyeron frente al Juzgado Federal santarroseño. «Por eso los pampeanos debemos estar muy alertas, porque este Funcionario judicial ostenta un extenso prontuario donde aparece denunciado como una figura destacada en la Gestapo para perseguir sindicalistas y militantes sociales, instrumentada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que se desempeñó como subsecretario de Política Penitenciaria en la provincia de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Justicia y que aparece vinculado con la AFI macrista»
La movilización, en Santa Rosa, se inició en la plaza San Martín, en simultáneo con el resto del país. Desde la plaza, unas 300 personas caminaron hacia la sede del juzgado.
Los reclamos
Las tres principales consignas del acto fueron el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del “lawfare” o la “guerra judicial” con fines políticos. Precisamente los apuntados, también, son los dirigentes de Juntos por el Cambio que armaron «mesas judiciales» para perseguir en el Gobierno de Mauricio Macri, junto a corporaciones mediáticas y de la Justicia, a dirigentes sociales, sindicales y políticos.
La marcha central se desarrolló en el Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas.
Juan María Ramos Padilla, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, fue uno de los principales impulsores de la convocatoria. “Marchamos porque queremos un Poder Judicial de servicio para los argentinos y no un Poder Judicial de privilegios, que cuidas sus intereses, los intereses de la embajada, los intereses de los ricos, los intereses de los empresarios, y no le aporta nada al ciudadano común”, exclamó Ramos Padilla.
«Hay que cambiar la estructura del Poder Judicial, el modelo de juez, no es simplemente que se vayan estos delincuentes, que se tienen que ir, sino todos los delincuentes y empezar a pensar en un Poder Judicial que responda a los intereses del pueblo y de la patria”, dijo. «Los intereses del pueblo y la patria son que la gente reciba un adecuado servicio de justicia: que los juicios no duren 20 años, que no se inventen sumarios, que los representantes de los trabajadores desde lo político y lo gremial sean respetados, que tengan su voz y que frente a la ley todos sean iguales”.
En Santa Rosa
El siguiente es el comunicado de organizaciones pampeanas:
LA PAMPA NO ES UNA ISLA. MARCHAMOS PORQUE CON ESTA CORTE Y JUECES CORRUPTOS NO HAY JUSTICIA NI DEMOCRACIA
«Hoy las Organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto al Pueblo nos autoconvocamos para apoyar la Marcha Nacional en repudio de la actual CORTE de INJUSTICIA NACIONAL, reclamando la renuncia ya, de sus miembros totalmente deslegitimados. Estos cortesanos han demostrado que no se ajustan al rol que la Constitución Nacional les ha adjudicado y que se hallan colonizados al servicio de la dominación de los poderes fácticos locales y del capital financiero internacional, desconociendo la entidad soberana del Estado. Porque en sus fallos, han resuelto la impunidad para los genocidas y los delincuentes que tomaron la deuda externa, han consentido por acción u omisión, la persecución de quienes luchan por los derechos populares, aplicando el lawfare y aceptando la llamada doctrina Irurzun, por la cual toda persona arbitrariamente detenida se la considera culpable hasta que demuestre lo contrario, invirtiendo el mandato contrario del art.18 de la Constitución Nacional, de la cual es víctima propiciatoria Milagro Sala y cuatro decenas de presos políticos en Causas que la Corte tiene cajoneadas y no las resuelve. Como tampoco decide el reclamo Pampeano para obligar a Mendoza a cumplir con la escorrentía del Atuel de 3,2 mts. cúbicos por segundo como caudal mínimo ecológico, ni aplica las leyes que garantizan el acceso a la justicia a Mujeres y Diversidades y desconoce la vigencia de la Ley Micaela, la que se niega a cumplir.
En La Pampa, nos sumamos a ese repudio, pero no concluye con ese clamor ciudadano, sino que se traduce en una demanda popular de una inmediata Reforma Judicial integral que tenga como eje central la democratización del Poder Judicial, hoy la Institución del Estado más desprestigiada y que incluya la recomposición del Consejo de la Magistratura, en un proceso de sucesivas renovaciones democráticas hasta que no quede ni un solo lugar que sea cloaca o sótano de la república, como lo propuso el Gobierno Nacional elegido mayoritariamente en 2019.
Es de toda evidencia que hubo un plan sistemático, clandestino y criminal para defender intereses inescrupulosos, dispuesto por las máximas autoridades políticas que gobernaron el país durante la gestión de Cambiemos, que con el accionar de Mesas Judiciales en el Estado Nacional y en algunas Provincias en connivencia con espías Agentes de la AFI y los de los medios de prensa hegemónicos, ocuparon el Poder Judicial y la Procuración General, por una mafia delincuencial decidida a actuar en contra de los intereses mayoritarios del pueblo de la Nación, eliminando o flexibilizando los derechos laborales, violando todas las garantías constitucionales en sentencias, fundadas más en los prevaricatos que en el derecho, con la clara intención de quebrar la fe y la confianza de la ciudadanía en sus representantes elegidos por el voto popular, afectando el orgullo de ser argentino y la esperanza de la juventud de vivir en una nación que la contenga. Este accionar perverso afecta la esencia de las libertades, viola el funcionamiento de la democracia y de las instituciones de la República y si además, como lo hizo el Macrismo y sus socios políticos, se endeuda ilegítimamente al país, se impide el derecho del pueblo a aspirar a tener una sociedad más justa e igualitaria.
Fue durante ese Gobierno, que con la colaboración de jueces y fiscales encarpetados y apretados, todos los habitantes estábamos bajo sospecha; hoy, con la aparición de innumerables pruebas que demuestran la ignominia a que como pueblo estábamos sometidos, la desconfianza se trasladó y pesa sobre quienes aparecían como nuestros verdugos. En ese marco, no luce ajeno el Juez Federal de La Pampa, José BARIC acusado de cablear y plantar micrófonos en una cárcel de la provincia de Buenos Aires para poder ramificar y potenciar las persecuciones. Por eso los Pampeanos debemos estar muy alertas, porque este Funcionario judicial ostenta un extenso prontuario donde aparece denunciado como una figura destacada en la Gestapo para perseguir sindicalistas y militantes sociales, instrumentada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que se desempeñó como subsecretario de Política Penitenciaria en la provincia de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Justicia y que aparece vinculado con la AFI macrista como surge de las declaraciones del exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz -que antes había estado en La Pampa a las órdenes de Juan Carlos Tierno en el ministerio de Seguridad- que confesó que él siguió con Baric el tema del “cableado” de la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero. Por lo tanto no puede aceptarse calladamente que haya jueces que tengan denuncias con relación a causas de espionaje y persecución judicial y por eso reclamamos un investigación seria sobre este Funcionario.
Hoy estamos aquí para manifestarnos como pueblo, más allá de las identidades políticas de los convocantes, porque el derecho a expresarse denunciando la corrupción imperante en el servicio de justicia y su pésimo funcionamiento, es un derecho constitucional. Lo anti ético es consentirla en silencio. Como creemos en una Justicia democrática, honesta e igualitaria que dignifique su tarea y ampare los derechos del pueblo y en especial de los sectores más desprotegidos, seguiremos esta lucha en la calle, porque la democracia está en riesgo».