El Superior Tribunal de Justicia (STJ) está analizando la denuncia presentada contra el procurador general, Mario Bongianino, por parte de la defensora Ana Carolina Díaz, a la que se le sumó una segunda de otra defensora civil.
El 27 de diciembre pasado la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OMYVD) elevó el informe relevado al activarse el “Protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial de La Pampa”. Todavía, a más de dos meses, el máximo tribunal no se ha expedido al respecto.
En el informe presentado por la OMYVD, a cargo de Marien Cazenave, también se adjuntó otra denuncia, de la defensora civil Dorila Romero, quien se presentó de forma espontánea dentro de la denuncia de Díaz, con el fin de que ambas se analicen en conjunto.
En su momento, Díaz había denunciado que Bongianino, en una reunión en la que la defensora reclamó que el procurador se acercara para observar las condiciones edilicias que resultaban un riesgo para las y los empleados, “reaccionaría con enojo y comenzaría a gritarle” expresiones como “¡Vos no entendés nada!”, en varias oportunidades. La situación se dio en presencia de otros empleados.
La defensora recordó en el informe de la Oficina de la Mujer -al que accedió Diario Textual- que tuvo otros episodios similares ante un reclamo por las condiciones laborales del área. Los recursos como categorías, horas extras y empleados, indicó Díaz, no fueron asignados a las defensorías pero sí a las fiscalías.
En uno de los reclamos que se hizo de las defensorías en ese sentido, se habló de “desinterés y destrato” hacia esas áreas por parte de Bongianino. “Éramos discriminadas por ser mujeres y porque atendíamos mujeres pobres”, dijo Díaz.
“Esta modalidad de mal trato por parte del Sr. Bongianino, en referencia a los gritos y humillaciones frente a terceros, también se habrían dado con otras dos defensoras”, sostuvo la denunciante.
En el escrito realizado por Cazenave para el STJ, se indicó que hay indicadores de violencia como las expresiones verbales descalificadoras, comportamientos autoritarios como gritos, comportamientos de destrato como silencios y omisiones, comportamientos de humillación y minimización de la problemática planteada.
Y que la defensora Díaz presentaría signos como sentimientos de angustia, crisis de llanto, sensación de desconcierto, sentimientos de soledad, dolores físicos, agotamiento, temor de represalias y persecución, preocupación por la integridad física de terceros y vergüenza a la exposición mediática y sus consecuencias.
“La problemática planteada se encuadraría en una situación de violencia laboral con indicadores de violencia psicológica -verbal-emocional”, sostuvo en las conclusiones la OMYVD. “Cabe mencionar que las condiciones de trabajo planteadas afectarían al grupo de empleados de las defensorías, siendo en su mayoría de género femenino”, afirmó.
Por su parte, la defensora Romero manifestó en su denuncia presentada, luego de la de Díaz, que conocía la situación de su colega. Romero también planteó mejoras laborales para el área de Defensorías y al pedir una licencia recibió un llamado de Bongianino que con violencia le dijo “¿Vos me tomás el pelo a mí?” y “te la voy a dar”.
Recibió posteriormente otra llamada ante los reclamos que calificó como “denigratorios, descalificantes y humillantes”. “En su entendimiento, no considera que Bongianino se dirigiría así con fiscales y que esto demostraría un abuso de poder en todos los aspectos”, indica el informe.
Posteriormente, Bongianino ordenó una auditoría sobre su defensoría lo que generó una situación de culpabilización hacia Romero. “La auditoría generaría angustia generalizada e inseguridades en quienes trabajan en Defensorías Civiles, que las preguntas eran capciosas, discriminatorias, que habría un clima de control”.
El informe de Cazenave también consideran que surgen del relato de Romero indicadores de violencia como comportamientos intimidatorios y descalificatorios, conductas de hostilidad y cuestionamiento a la idoneidad.
“Esta unidad de abordaje considera que existe una urgente necesidad de desmantelamiento de la naturalización de conductas que constituyen violencia en el ámbito laboral, arraigadas en la cultura judicial”, indicó en las consideraciones el informe de la Oficina de la Mujer.
De acuerdo al Protocolo de Intervención en casos de Violencia de Género en el Poder Judicial, el STJ una vez presentado el informe debería tomar medidas de protección de forma “urgente”, como la fijación de reglas de conductas para la persona denunciada, para la persona vulnerada y testigos y “medidas inmediatas tendientes a asegurar la integridad de las pruebas”. Todavía no se conoce una resolución por parte del STJ.