El proyecto que autoriza al Ejecutivo nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista fue convertido en ley este jueves con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y de la bancada opositora.
Luego de casi diez horas de sesión, la Cámara alta avaló el entendimiento con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares, por 56 votos contra 13 y tres abstenciones.
Sólo 20 de 35 oficialistas, por la resistencia del kirchnerismo, avalaron el acuerdo. Cristina Kirchner no presenció la votación y casi no estuvo: abrió la sesión, se fue a los 20 minutos, volvió a las 5 horas por un lapso similar, se retiró y no apareció más.
En la mayoría de los 40 discursos escuchados durante la sesión especial, desde los dos principales espacios políticos, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en la necesidad de priorizar el hecho de que Argentina firme el acuerdo con el FMI para no caer en default.
La ley autoriza el acuerdo de facilidades extendidas negociado por Martín Guzmán con el FMI, una refinanciación de la deuda por 44.700 millones de dólares que tomó Mauricio Macri en 2018 y que este año y el que viene acumulaba vencimientos anuales por casi 20 mil millones. El Fondo los cancelará con Derechos Especiales de Giro (DEG), su moneda oficial, y Argentina devolverá el préstamo entre 2026 y 2034, después de someterse a un feroz compromiso fiscal para llegar al déficit cero. El Directorio del organismo lo aprobará en las próximas horas.
«No escuché ningún gobernador que se opusiera a este acuerdo», justificó su respaldo José Mayans, el jefe del oficialismo, en su discurso de cierre, abocado casi en su totalidad a cuestionar la gestión de Mauricio Macri.
Los intentos de la Casa Rosada por sumar más votos propios fracasaron y los positivos terminaron reducidos a los empleados de los gobernadores. Juntos por el Cambio aportó sus 33 votos y la única abstención opositora fue la de la neuquina Lucila Crexell, habitual aliada de la oposición.
«Hoy estamos evitando el default por responsabilidade la oposición. Juegan con fuego. El 80 por ciento de las deudas de las provincias es en moneda extranjera. Es lamentable algunos sectores», sostuvo el jefe radical Luis Naidenoff. «Era más fácil estar de la vereda de enfrente y tirar piedras. Pero somos responsables», le siguió su correligionario Alfredo Cornejo, presidente del interbloque.
La ley que se sancionó avala el acuerdo con el FMI pero sin el memorándum económico firmado por el ministro de Hacienda Martín Guzmán, como parte del consenso alcanzado en Diputados entre Juntos por el Cambio y Sergio Massa.
De todos modos, el presidente deberá aplicar las medidas comprometidas en ese documento (como reducir subsidios a las tarifas, revisar jubilaciones y aumentar las tasas de interés), para cumplir con las metas exigidas por el FMI: bajar cada año el déficit fiscal hasta llegar a cero en 2025, un año antes de empezar a devolver el préstamo.
Las figuras más cercanas a Cristina no hablaron, como el neuquino Parrilli y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quienes se pasearon por el recinto en varias ocasiones y conversaron con los otros díscolos. La mendocina charló hasta último minuto con la rionegrina Silvina García Larraburu, que se abstuvo.
Hubo cinco oficialistas que no aprobaron la ley lo justificaron, sin ataques al presidente y a Guzmán. «No creo que votando este proyecto estemos salvando al pueblo del default, esto es prolongar la agonía. Ojalá que me esté equivocando, pero si no es así, espero que la Justicia se lo demande a los responsables», sostuvo la chaqueña Inés Pilatti Vergara.
La puntana María Eugenia Catalfamo citó a su gobernador Alberto Rodríguez Saá para pedir un acuerdo por «otros temas», como la juventud, la pobreza y las mujeres. Silvia Sapag explicó que se abstenía por «cuestiones familiares», pero dijo confiar en el presidente.
Adolfo Rodríguez Saá, el ex mandatario puntano, leyó la versión taquigráfica de la sesión de 2001 en la que, como presidente interino, declaró en default. Hasta lo aplaudieron por su lectura precisa de aquel registro.