El proyecto para crear un Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior divide aguas en el Senado. Para la senadora pampeana de Juntos por el Cambio, Victoria Huala, es un “manotazo de ahogado” del Gobierno de Alberto Fernández; en tanto para el senador oficialista Pablo Bensusán es una “sanción” se llevaron fondos del país sin declararlos.
Huala y Bensusán expusieron sus posturas en Radio Textual (LU 33). La senadora de Cambiemos explicó por qué la oposición rechaza el proyecto oficialista. “Nos parece grave que se insista con manotazos de ahogados”, dijo. “No me parece bien echarle la culpa a los gobiernos de Macri y del propio kirchnerismo. Tenemos que construir para adelante”, reclamó.
“Siempre entramos en un juego de mirar para atrás y nosotros como Legislativo tenemos que mirar para el futuro”, remarcó. Y cuestionó que este proyecto no sea para de una “política económica”.
Bensusán, por su parte, defendió la iniciativa. “Esto es parte de una política económica. Yo me pregunto, ¿quién puede estar en contra de esto?. Ojalá se llegue a un consenso”, dijo.
“El proyecto -recalcó- es una manera de que se sancione a quienes no declararon sus bienes. Acá hubo un gobierno, el anterior, que pidió al FMI 43 mil millones de dólares y no podemos cargar esa deuda sobre las espaldas del trabajador, el comerciante, el monotributista y el industrial”, remarcó.
El proyecto de ley que propone crear un Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
La vigencia del fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Sostiene el texto que el fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero.
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.