El gobernador Sergio Ziliotto se reunió este miércoles por la mañana con los diputados del oficialismo. El encuentro, ya programado, fue para analizar los borradores de los proyectos de ley que pretende presentar el mandatario, como el pase a planta permanente de los monotributistas del Ministerio de Salud que fueron convocados en medio de la pandemia de coronavirus. Pero, inexorablemente, también se habló del tema del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, apuntado por la oposición.
En principio, tal como había adelantado ayer Diario Textual, el oficialismo bloqueará el pedido de juicio político, según deslizaron participantes del encuentro: el oficialismo tiene mayoría en la Sala Acusadora de Juicio Político para rechazar “in límine” la presentación.
Sin embargo, acordaron convocar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra Mac Allister. Eso se concretó poco después, a través de la Comisión de Presupuesto.
Los diputados invitaron para este viernes 22 a la presidenta del Tribunal de Cuentas y a los síndicos de la empresa Pampetrol, con fin de que aporten información con respecto a las declaraciones del ministro de Hacienda.
¿Por qué pidieron el juicio político de Franco para que lo desplacen de su cargo? Surgió a raíz de las declaraciones que formuló Franco en la Legislatura, en las que reveló que en 2017 hicieron una maniobra que consistió en inventar un gasto, el pago de un alquiler de Pampetrol a la Provincia por las áreas petroleras, para achicar la base imponible del impuesto a las Ganancias y, por ende, reducir el monto de lo que se termine por pagar.
Las declaraciones del ministro de Hacienda que desataron el escándalo son de diciembre de 2021, pero recién trascendieron la semana pasada a través de un video.
En Casa de Gobierno sostienen que ese mecanismo fue votado por todos los diputados, tanto oficialistas y opositores. Es decir, se trató de un esquema contractual -que luego tuvo derivaciones tributarias- entre Provincia y Pampetrol, en el que Franco no definió prácticamente nada. Esos alquileres tuvieron luz verde, por unanimidad, por las leyes 2995 y 3201, con el voto de oficialistas y opositores.
El ministro en su descargo público, en tanto, dijo que las suyas fueron “expresiones desafortunadas” y juró que nunca a lo largo de su trayectoria pública avaló y/o incurrió en ninguna acción ilegal.