El diputado nacional Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio, radicalismo) presentó un proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para fortalecer el desarrollo de la gestión sostenible de “Bosques Urbanos y Suburbanos”.
El objetivo consiste en articular un conjunto de herramientas de acompañamiento a los Estados Provinciales y Municipales, escuelas, organizaciones e instituciones de la Nación.
El legislador dijo que los bosques urbanos y suburbanos constituyen la espina dorsal de la infraestructura verde que conecta las áreas urbanas con las rurales. Así las cosas, conforman redes o sistemas que comprenden todos los arbolados (rodales), grupos de árboles y especies arbóreas individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas (incluyen bosques, árboles en las calles, árboles en los parques y jardines, entre otros).
Tienen potencialidad para suministrar una amplia gama de productos y servicios ecosistémicos que ayudan a hacer frente a las necesidades de los habitantes de las áreas urbanas y periurbanas.
Actualmente, los Bosques Urbanos y Suburbanos han cobrado relevancia como reguladores de las precipitaciones y las temperaturas, de la escorrentía superficial, de su importancia como mecanismo de infiltración en el suelo y de reducción de la erosión.
Consecuentemente, un adecuado diseño y una correcta gestión de la infraestructura verde urbana y suburbana debe decantar en correctas estrategias para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.
A nivel mundial, la intensificación y el rápido crecimiento de la población urbana genera una amenaza concreta a la expansión de las áreas verdes.
A pesar de que las ciudades ocupan solo el 3 % de la superficie terrestre, consumen el 78 % de la energía y emiten cerca del 60 % del dióxido de carbono.
Desde hace años la Organización de Naciones Unidas insiste en “la necesidad de instalar y gestionar una infraestructura verde urbana, especialmente bosques urbanos y periurbanos, como medida para proteger a las personas, la infraestructura y los hábitats creados”, remarcando la importancia de formular políticas y estrategias que eviten riesgos ambientales, mitiguen el impacto de los desastres y permitan coordinar medidas de respuesta.
Argentina representa el país de América Latina con mayor proporción de población urbana, de allí que el impacto de una gestión sostenible de los bosques urbanos y suburbanos resulte de alto impacto.
“La presente norma se enmarca dentro de las atribuciones acordadas por el artículo 41 de la Constitución Nacional que diseña el sistema federal de leyes de presupuestos mínimos a partir de la cual se establece la legislación tuitiva de base en materia ambiental, de cumplimiento obligatorio en todo nuestro territorio”, dijo Berhongaray. “En relación a los ambientes boscosos, se encuentran vigentes a nivel nacional un conjunto de disposiciones que los regulan, promueven y protegen, como la Ley de Defensa a la Riqueza Forestal (13.273), la Ley de promoción forestal (Ley 27.487 – ex. 25.080 y 26.432) y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). No obstante, aún no se ha dictado un Ley Nacional que regule específicamente a los bosques en el ámbito urbano”.
“Por ello, entiendo conveniente implementar en nuestro país una política exhaustiva sobre los bosques urbanos y suburbanos, referida a la valoración, fomento, planificación, gestión, protección y conservación, de modo de contribuir al desarrollo sostenible de nuestras poblaciones. Ello a partir de un enfoque integrado, interdisciplinario, participativo y estratégico de planificación y gestión, que englobe la evaluación, plantación, mantenimiento, preservación y monitoreo”, finalizó.
