Gran parte de las expectativas respecto al Presupuesto 2023 estaban puestas en lo que ocurriría con la iniciativa para que los jueces, fiscales y trabajadores judiciales empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias, que hasta ahora sólo alcanza a quienes ingresaron al Poder Judicial desde 2017. Finalmente, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron este artículo impulsado por el oficialismo.
En la votación en particular de este punto, el artículo 100 de la ley de Presupuesto 2023, votaron en contra 134 legisladores y legisladoras. La positiva reunió 116 adhesiones y hubo 6 ausencias.
Por La Pampa, en la votación estuvieron los cinco pampeanos. ¿El resultado? Tres de Juntos por el Cambio en contra del cobro y dos del Frente de Todos a favor.
En contra lo hicieron Martín Berhongaray, Marcela Coli y Martín Maquieyra. En tanto, votaron a favor Varinia Marín y Hernán Pérez Araujo. Este último legislador fue el único por La Pampa que, en el debate, tomó la palabra.
El artículo rechazado señalaba que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
El portal Chequeado recordó que esta discusión se remonta a 1936, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de los jueces federales.
En 1996, 60 años después, el Congreso sancionó una ley que eliminó algunas exenciones de impuestos, como el de Ganancias para los jueces.
Sin embargo, a las pocas semanas la Corte dictó una acordada en la que declaró inaplicable esa norma por el principio constitucional que establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos. El artículo 110 de la Constitución nacional dispone que los jueces recibirán por su servicio “una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna”.
Pasaron 20 años más y en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), el Congreso sancionó una nueva norma. En este caso, se buscó resolver el problema “hacia adelante” para que la aplicación retroactiva del impuesto no implicara una reducción de los salarios de los jueces ya designados, sino que afectara a los futuros jueces.
La norma estableció que están alcanzados por el impuesto todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1° de enero de 2017. De esta manera, se buscó evitar que la norma fuera judicializada por afectar presuntamente “derechos adquiridos”. Por el contrario, quienes han jurado en su cargo antes de 2017 siguen exentos de pagar este tributo.
Por ejemplo, de los 9 jueces federales penales de primera instancia de Comodoro Py, 8 fueron designados antes de la entrada en vigencia de esta norma. La única magistrada que paga el impuesto a las Ganancias es María Eugenia Capuchetti, nombrada en 2019.
Desde hace algunos años, a cada candidato a juez, fiscal o defensor que acude a la Comisión de Acuerdos del Senado para la aprobación de su pliego se le pregunta, en primera medida, cuál es su posición sobre el pago de Ganancias en la Justicia. La respuesta habitual es que están a favor, que es una cuestión de igualdad ante la ley y que el debate ya quedó zanjado con la ley de 2016.
No hay estadísticas públicas que den cuenta de la cantidad de jueces que pagan este impuesto.
Chequeado consultó al Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene a su cargo, entre otras funciones, el pago de sueldos de los jueces nacionales y federales. Desde este organismo explicaron que en la jurisdicción nacional y federal hay 752 jueces y que pagan Ganancias un 26% de ese total, es decir, poco menos de 200 jueces. También señalaron que en la Justicia Nacional y Federal hay cerca de un 25% de juzgados vacantes (unos 188 de los 752), que serán cubiertos obligatoriamente por jueces que pagarán Ganancias, lo que podría equilibrar la proporción de magistrados que tributan y los que no en un 50% y 50%.
Este medio, además, consultó a la Procuración General de la Nación, de quien dependen los fiscales. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había obtenido respuesta, aunque se estima que el porcentaje es menor ya que en los últimos 5 años se designaron muchos más jueces que fiscales.
A todo esto hay que sumar a los 24 poderes judiciales provinciales, sobre los cuales no existen datos públicos disponibles y que también están bajo el mismo régimen que aplica para los magistrados federales y nacionales.