Juana Moreno es una escritora de 80 años de edad que el 17 de diciembre de 2019 fue desalojada de la chacra “La Milagrosa”, de unas 6 hectáreas de extensión, ubicada al norte de General Acha, por un reclamo de posesión veinteañal. Ella habitó durante 36 años esas tierras y ahora tuvo irse a vivir a Santa Rosa con familiares. Angustiada por el desarraigo, reclama a la Justicia que le restituya la chacra.
El desalojo de Juana se concretó dentro de un proceso judicial iniciado a finales de 1987 por Martina Elva De Luca, una mujer residente en Bahía Blanca que reclamaba la chacra como supuesta poseedora veinteañal.
La vivienda del predio, edificada y luego habitada durante más de 36 años continuos por Juana Moreno y su fallecido esposo, Héctor Yamandú Domínguez, fue finalmente demolida por De Luca. En ocasión del desalojo también se perdieron múltiples pertenencias personales de la escritora que jamás pudieron ser recuperadas.
La situación conmocionó a la localidad y motivó múltiples protestas por parte de la sociedad achense, que se solidarizó con la situación vivida por Juana y su familia.
Como consecuencia de las graves irregularidades detectadas en el trámite del proceso, los abogados de la escritora, Esteban y Javier Torroba plantearon una acción de nulidad para lograr invalidar la sentencia que autorizó el desalojo. Las actuaciones tramitaron ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de La Pampa. Tras una interminable cadena de excusaciones, terminó asumiendo la causa la conjueza Alicia Beatriz Corral.
A pesar de las deficiencias señaladas por los abogados, la jueza interpretó en su sentencia del 28 de julio de 2022 que la acción de nulidad debía ser rechazada por no resultar admisibles la causales invocadas dado que, en su entendimiento, no existió una vulneración grave del derecho de defensa en el proceso dado que se garantizó la participación plena en todas las instancias y existieron vías recursivas ordinarias para intentar revertir la decisión adversa, así como tampoco errores de derecho porque la decisión de primera instancia fue convalidada por la alzada.
Esta resolución fue apelada por la defensa de Juana Moreno, que entendió que existe una “perpetuación de una decisión injusta, viciada y carente de una perspectiva de derechos humanos”, y ahora es la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería la que debe resolver.
Mientras tanto, Juana vive una angustiante situación de desarraigo. Tuvo que trasladarse a la ciudad de Santa Rosa a vivir con su familia y hasta la fecha no ha cesado sus intentos por recuperar sus tierras.